Dijo que tiene 52 años, que estuvo internado en 2010 y luego otras dos veces en el hospital Mental de Zonda porque es discapacitado y por eso cobra una pensión. Para probarlo, aportó un papel y aseguró que es un certificado en el que consta que sufre "ezquizofrenia paranoide". A pesar del grave diagnóstico sobre su salud mental, el hombre dijo comprender cuando le relataron el hecho de una chica de 15 años, que fue violada en diciembre pasado en la vieja construcción de un terreno baldío que él frecuenta cuando sale a pedir ayuda a los vecinos, como los del barrio 19 de abril, en Chimbas.
Y aunque el defensor oficial Hugo Trigo y su ayudante Carlos Fleury le recomendaron no prestar consentimiento, el hombre aseguró no tener ningún problema en aportar sangre para obtener su ADN y cotejarlo con el perfil genético de un desconocido detectado en la ropa interior de la chica ultrajada sexualmente y golpeada aquella vez.
Todo pasó la madrugada del 19 de diciembre pasado. Según la denuncia que ahora impulsan el fiscal Duilio Ejarque y la ayudante fiscal Daniela Pringles (UFI Anivi) para intentar esclarecer el hecho, la menor le había dicho a su madre que se iba a un cumpleaños con sus primos pero en realidad se fue a la casa de su novio en el barrio 19 de Abril. Allí estuvo hasta que le avisaron que sus padres podían descubrirla y, asustada, partió a la carrera hacia su casa y buscó cortar camino por el descampado, pero allí fue sorprendida por un sujeto que la golpeó y la llevó a la fuerza al interior de la construcción para violarla.
Aquella vez la niña nada pudo aportar sobre el violador por la oscuridad que reinaba durante el ataque. Su novio, sin embargo, se puso a averiguar y determinó que había un sujeto que conocía bastante ese descampado porque lo frecuentaba prácticamente a diario. Ese sujeto resultó ser el hombre que ahora está en la mira de la investigación, cuya legalidad es controlada por el juez de Garantías Federico Rodríguez.
Si el cotejo de ADN solicitado por Fiscalía da positivo, el sujeto estaría en serios problemas. Sin embargo su defensa oficial ya anticipó que intentará demostrar la presunta inimputabilidad de ese pensionado, es decir el hecho de que no puede responder penalmente por sus eventuales actos criminales porque no los comprende a causa de sus problemas mentales.