El juez federal Sergio Moro determinó hoy que el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva tiene tiempo hasta mañana a las 17 (hora local) para entregarse a la Policía Federal para iniciar la ejecución de la pena de 12 años y un mes de prisión en el caso del tríplex de Guarujá.
“En relación a Lula, le concedo, en atención a la dignidad del cargo que ocupó, la oportunidad de presentarse voluntariamente a la Policía Federal en Curitiba hasta las 17 horas del día 6 de abril, cuando deberá cumplirse el mandamiento de prisión”, escribió Moro, emblema de la operación anticorrupción Lava Jato. Además, el juez prohibió “la utilización de esposas en cualquier hipótesis”.
Poco después de la orden de detención, se pudo ver al exmandatario en automóvil del Instituto Lula, en San Pablo, donde estuvo reunido con la cúpula de su partido.
“Vamos a ver las medidas que tomaremos, pero no admitimos vivir sobre el autoritiarismo judicial. No se agotaron los plazos todavía”, dijo el abogado de Lula Roberto Batocchio a una radio brasileña. El expresidente sería alojado en la sede de la Policía Federal en Curitiba, capital del estado sureño de Paraná.
Minutos antes de la decisión de Moro, el Tribunal Regional de la 4ª Región (TRF-4) envió al juez federal un oficio que le daba el aval para detener al expresidente en el proceso por el tríplex de Guarujá. Firmado por el juez Nivaldo Brunoni, el documento informa que el proceso terminó en la segunda instancia, aunque la defensa de Lula aún tiene derecho a un recurso en TRF-4.
La defensa del expresidente -que lidera las encuestas para las elecciones presidenciales de octubre próximo en Brasil- intentó evitar su prisión con un habeas corpus preventivo en el Supremo Tribunal Federal (STF). Sin embargo, el recurso fue denegado anoche tras una sesión de más de 11 horas en el máximo tribunal por 6 voto contra 5.
El 12 de julio de 2017, Moro había condenado a Lula a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco del Lava Jato. Lo halló culpable de recibir como soborno en especie de la constructora OAS un departamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá, a cambio de garantizarle a la empresa contratos con la estatal Petrobras. Los sobornos fueron estimados en un valor de 1,2 millones de dólares. Meses más tarde, en enero pasado, por unanimidad los tres jueces del TRF4 no sólo confirmaron la condena por corrupción contra el expresidente, sino que también aumentaron la pena a 12 años y un mes de prisión.
En una reunión de la cúpula del PT en San Pablo, el partido había anunciado más temprano que Lula se postularía para las elecciones de octubre a pesar del fallo judicial que autorizaba a encarcelarlo.
“[Lula] está bien, sereno, con la consciencia tranquila de los inocentes”, aseguró Gleisi Hoffmann, la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), desde el Instituto Lula, donde el exmandatario (2003-2010) se reunió a puertas cerradas con dirigentes de su partido y abogados.
“Esta sería una prisión política que vulnera la presunción de inocencia y que, de concretarse, mostraría a Brasil como una republiqueta bananera”, afirmó Hoffmann.
El exlíder sindical de 72 años, cuya figura divide profundamente a Brasil, aún no ha reaccionado ni al fallo emitido por el STF ni a la decisión de Moro. Se esperaba que lo haciera mañana en un acto convocado por el PT en São Bernardo do Campo, un municipio del cinturón industrial de San Pablo donde Lula creció como obrero metalúrgico.