La empresa Garder, cuyos dueños están imputados por su presunta responsabilidad en un fraude contra la Obra Social Provincia (OSP), quedó en la mira por una nueva denuncia de la entidad sanitaria. Ahora, bajo la sospecha de haber facturado prestaciones médicas que no realizaron, pero, además, por un hecho más complejo: la falsificación en al menos dos oportunidades de documentos de una clínica privada. Al parecer, la maniobra se realizó para hacer creer a la OSP que se efectuó una intervención para una internación domiciliaria cuando, en realidad, nunca ocurrió. Por ese tratamiento, la firma facturó el servicio a la entidad pública, por lo que habría habido un giro indebido en perjuicio de las arcas de la obra social. La presentación judicial fue confirmada por fuentes oficiales, pese a que el titular de la OSP, Miguel Greco, no atendió los llamados de este medio. No fue lo único, ya que las fuentes indicaron que Garder fue excluida de la lista de proveedores de la OSP, por lo que ya no podrá brindarle servicios. Como la primera denuncia, que ocurrió hace 10 meses, la de ahora cayó en manos de la UFI Delitos Especiales, bajo la dirección del fiscal Francisco Pizarro y el ayudante fiscal Mariano Carrera.
En octubre del año pasado, la empresa había quedado en la mira luego de que la OSP realizara una auditoría interna y detectara que la compañía, que se dedicaba a brindar alimentación a personas internadas en sus hogares y a prestar internación domiciliaria, tuviera un crecimiento exponencial en su facturación. Incluso, detectaron que se les pagó a Garder servicios de alimentación a personas fallecidas. Además, hubo prestaciones pagadas y no efectuadas; en otras se informaron como realizadas, pero que no existieron; además de que se verificaron prestaciones no llevadas a cabo bajo el convenio previsto. Por todo ese cúmulo de información, a principio de mes, la UFI Delitos Especiales solicitó abrir la Investigación Penal Preparatoria (IPP), pedido que tuvo el OK del juez de Garantías Diego Sanz. Así, el Ministerio Público tiene un año para investigar ese hecho (ver Facturación irregular).
Según confirmaron las fuentes, la nueva denuncia contra Garder fue presentada el miércoles por Greco en la Justicia y, como en la causa que está en curso, quienes están en la mira son las propietarias, más el director médico de la firma: Marilina Elisa De la Fuente y su hija María Florencia Molina y Eduardo Adrián Guzmán respectivamente. Los tres se habían sentado en el banquillo de los acusados en la primera causa y ahora quedaron involucrados nuevamente. Incluso, al tratarse de un presunto nuevo delito, denunciado por la misma entidad contra la misma firma, es casi un hecho que ambas causas se acumularán y quedarán bajo la misma investigación.
A diferencia de la causa anterior, en que la facturación por módulos alimentarios se realizaba a través de una intermediaria, la de ahora se presenta porque Garder contaba con un convenio directo con la OSP por el servicio de internación domiciliaria. En ese marco, la acusación apunta a que la firma habría confeccionado un documento apócrifo para presentar el servicio de trasladado de, al menos, un paciente a una clínica privada para, por ejemplo, colocarle una sonda de alimentación nasogástrica. Según trascendió de fuentes calificadas, la clínica desconoció la documentación y que el paciente haya ingresado para un tratamiento.
CLAVES
Involucrados
Quienes están en la mira de la Justicia son las autoridades de la empresa. La UFI Delitos Especiales imputó por estafa a Marilina de la Fuente y María Florencia Molina de la Fuente, directora y administradora, y a Eduardo Guzmán.
Errores
El abogado de la firma, el excamarista penal Ernesto Kerman, sostuvo en su momento que “no hubo delito”, ya que “todo se trata de una cuestión administrativa”, proceso en el que “hubo errores de ambas partes, de la empresa y de la OSP”.
> Facturación irregular
El pasado 10 de agosto, la UFI Delitos Especiales, bajo la dirección del fiscal Francisco Pizarro y el ayudante fiscal Mariano Carrera, formalizó la investigación contra la firma Garder por fraude contra la Obra Social Provincia, luego de que se detectara facturación por servicios que la empresa no prestó. El hecho fue denunciado en octubre del año pasado, razón por la cual, Fiscalía realizó un allanamiento a la sede de la firma (foto). Frente al juez Diego Sanz, el Ministerio Público expuso una serie de irregularidades detectadas. Como ejemplo, indicó que la firma facturó prestaciones que no brindó en los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2022, por un monto total que superó por poco el millón de pesos. Además, que Garder facturó un módulo alimentario enteral para una mujer para todo el mes de abril, por un total de 158.122 pesos, monto que la OSP liquidó. Tras el pago, la entidad sanitaria detectó que la mujer había fallecido el 17 de abril. Un caso similar ocurrió para un hombre que murió el 21 de abril y la empresa facturó el módulo del 16 al 22.