En 2006, la empresa Glencore firmó un convenio con opción a compra de la mina Valentina I para anexarla al proyecto El Pachón y cuatro años más tarde finalizó el contrato de adquisición. En el mismo se estableció una cláusula que llama poderosamente la atención. El artículo, en la práctica, establece que el comprador conoce la totalidad del terreno y lo que hay en él, por lo que el vendedor queda resguardado de eventuales reclamos futuros. En la zona de dicha mina, en Calingasta, la compañía chilena Los Pelambres armó parte de su gigantesca escombrera sin ninguna autorización argentina. Por lo tanto, en el Gobierno tienen otro elemento para sospechar que Glencore sabía de la existencia de la montaña de rocas desde hace años, ya que, debido a la citada cláusula, estaría al tanto de lo que compraba y sus condiciones.
Fuentes calificadas relataron dicha operación, la cual aporta un dato más a la embestida del Gobierno, que le achaca responsabilidad a Glencore en permitir que durante años se tiraran toneladas de residuos en el territorio que tiene bajo concesión, que es argentino. En ese marco, Fiscalía de Estado pidió ayer que la investigación penal contra exdirectivos de la minera chilena por la construcción de la gigantesca escombrera se amplíe a autoridades de la firma Glencore. Los abogados oficiales señalaron que, en base a la ley 24.051, “el dueño o guardián de un residuo peligroso no se exime de responsabilidad por demostrar la culpa de un tercero de quien no debe responder, cuya acción pudo ser evitada con el empleo del debido cuidado y atendiendo a las circunstancias del caso”.
Todo se aceleró por un informe encargado por el juez federal penal Leopoldo Rago Gallo, que señala que la escombrera contamina lagunas cordilleranas, es un foco de generación de drenaje ácido y metales pesados, y que estos últimos podrían afectar los suelos y las napas. El peligro además radica en que las aguas que bajan de la escombrera confluyen en el río Carnicería, uno de los afluentes del San Juan.
Es por eso que los representantes de Fiscalía de Estado le solicitaron al magistrado que le corra vista de la presentación al fiscal federal Francisco Maldonado para que evalúe la ampliación de la investigación a los directivos de Glencore por la eventual comisión de ilícitos.
La situación de la mina Valentina I no es la única, ya que desde el Gobierno habían dicho que en una zona cercana a la escombrera hay una perforación que realizó la empresa que tiene el proyecto de cobre del lado sanjuanino. Según las fuentes, Xstrata Copper (firma que luego adquirió Glencore) firmó en 2006 con un particular un contrato con opción a compra de dicho yacimiento minero. En 2010, la operación se concretó con incorporación de la llamada cláusula de indemnidad ambiental, esto es, que el vendedor queda indemne o a resguardo de cualquier reclamo del comprador y de terceros, ya que el primero tuvo conocimiento de lo que adquirió.
Montaña de rocas
35 Millones de toneladas de escombros se arrojaron en la cordillera del lado sanjuanino durante cinco años.
La escombrera justamente comenzó a construirse en suelo calingastino entre 2007 y 2012. De ahí surge la sospecha contra Glencore. La firma recién inició una demanda contra Los Pelambres en 2014 y un año después radicó la denuncia. Además, las fuentes aseguraron que hasta entonces no le habían informado nada a la Policía Minera.
En el sector señalan que Glencore encaró negociaciones con Los Pelambres para vender El Pachón, pero que todo se cayó. Por eso, la sospecha oficial es que ha venido utilizando el tema para sacar un beneficio económico.
En la mira
Fiscalía de Estado también le pidió al juez la formación de un fondo de garantía que le permita a la provincia realizar las obras demandadas o que sea una indemnización en el caso de que se produzca un hipotético daño ambiental. Por otro lado, hizo reserva de actuar civilmente contra Los Pelambres y Glencore.
Pedidos oficiales
En la presentación ante la Justicia Federal, Fiscalía de Estado apunta a ser parte querellante para aportar elementos probatorios y colaborar en la causa. El escrito desarrolla un detalle pormenorizado de normas y conceptos ambientales para sustentar la participación de la provincia y formalizar un pedido clave: el retiro de escombrera. Inclusive, haciendo hincapié en el activismo que puede tener el juez para evitar el paso del tiempo, pidió que los peritos designados elaboren un plan progresivo de ejecución para sacar los residuos. Pero como dicha movida insumirá tiempo, también plantearon una cautelar para llevar a cabo medidas de precaución y de prevención a fin de resguardar el ambiente. En ese marco, solicitaron la instrumentación urgente de acciones propuestas en sede civil. Y que además se ordene una audiencia con todos los peritos para poner en marcha dicha cautelar.