Este jueves se produjo un importante derrame de petróleo en un yacimiento de YPF, en Malargüe, y aún evalúan las consecuencias ambientales de ese incidente. Pero además, hubo consecuencias políticas: la empresa petrolera estatal no informó a tiempo de lo que ocurrió y por eso podrían sancionarla con más rigor. El dato de contexto es que todo sucedió mientras el gobernador Alfredo Cornejo y el titular de YPF, Miguel Gutiérrez, se reunían en Casa de Gobierno. En esa reunión no se informó sobre el tema y sí se dialogó sobre la necesidad de que la petrolera invierta en el Sur.
El incidente se produjo en Cañadón Amarillo, en una zona de baterías. Según se cree, el viento hizo saltar un generador y todos los mecanismos de seguridad fallaron. Por eso el enorme tanque donde se acumula el petróleo se desbordó y derramó el crudo en el terreno.
Hasta anoche no se había informado sobre el volumen de petróleo derramado. Se trata de crudo pesado, que al ser más denso disminuye en parte la posibilidad de expansión. Sin embargo la zona impactada es amplia y los técnicos encargados de evaluar la situación aseguran que fue importante el derrame.
Desde el Gobierno aseguraron que la empresa YPF no actuó como indica el protocolo. En ese sentido, las petroleras están obligadas a informar a antes de las 12 horas de producido el incidente. En este caso la información habría llegado por canales informales. Anoche un grupo de inspectores de la Dirección de Protección Ambiental viajaba a la zona del derrame para evaluar la situación. Cañadón Amarillo es el mismo yacimiento donde también se halló un oleoducto construido por YPF sin tener las autorizaciones ambientales.
Allegados a la empresa reconocieron que el incidente ocurrió y aseguraron que ya está controlado y que trabajan en la remediación. Ahora la firma será intimada para que presente un descargo. Igualmente en el Ejecutivo hay malestar por la falta de cumplimiento de los procedimientos.
Fuente: mdzol.com