Durante seis horas, el secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, declaró ayer ante el fiscal Sebastián Scalera en la causa en la que se lo acusa de ser el jefe de una asociación ilícita que defraudó en cifras millonarias al club Independiente, donde ocupa el cargo de vicepresidente.
El hijo de Hugo Moyano llegó a los tribunales bonaerenses de Lomas de Zamora a las 8.40, 10 minutos más tarde de la hora pautada. Minutos después de las 15, el sindicalista salió del lugar.
"Hablé con el fiscal. Si tenía un poquito de intriga, hoy me voy más tranquilo que nunca. Leí el expediente y no aparezco en ninguna escucha ni en ninguna denuncia. Por eso le dijimos al fiscal que se va a tener que anular. Quedó demostrado que no vendo choripanes, no revendo entradas ni mucho menos recaudo la plata de los trapitos", afirmó al salir de la fiscalía.
Insistió que esta es "una causa política armada por el Gobierno nacional. Lo hacen para tapar el fracaso del modelo económico. Le voy a sacar al careta al fiscal, a (la diputada oficialista, Elisa) Carrió y a (la ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich".
También cuestionó al procurador bonaerense, Julio Conte Grand, por considerar que presionó al fiscal al declarar que había "pruebas suficientes para que Pablo Moyano esté detenido".
Al ser consultado sobre cómo fue el encuentro con el fiscal Scalera, al que había definido como un "instrumento del Gobierno", apeló a términos futboleros y señaló que eso "queda en el vestuario".
Insistió el dirigente que su abogado Daniel Llermanos recusó a Scalera y enfatizó que "ahora todo está en manos del doctor (Luis) Carzoglio, que tiene que tomar la decisión final". "Uno tiene la tranquilidad de conciencia y si Dios quiere esto se tiene que terminar en los próximos días", agregó. Después fue el turno de Llermanos, quien destacó que su defendido "pudo explicar cada una de las fojas supuestamente cargosas. Pero no había ninguna foja cargosa". Y enfatizó: "Quién va a defraudar a un club enriqueciéndolo. Acá ha habido una barra brava muy molesta porque ha sido desfinanciada (en referencia a Pablo "Bebote" Álvarez)".
Para la Fiscalía existió una asociación ilícita dirigida por Moyano hijo, quien se habría dedicado a "defraudar al club Independiente mediante la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas y protocolos de acceso a los espectáculos deportivos". Aquello, claro, sin ingresar al patrimonio de la institución los ingresos correspondientes.
Según la investigación, el funcionamiento de la estructura no podía escapar de la responsabilidad y conocimiento del líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, quien ocupa el cargo de presidente en la institución deportiva, y del jefe de la organización, su hijo Pablo.