Por propuesta del ministro Guillermo De Sanctis, los integrantes de las distintas Cortes de Justicia el país, que se reunieron ayer en San Juan, analizaron y discutieron un tema central de la agenda de seguridad: la ley que combate el narcomenudeo en las provincias y su implementación. Los magistrados llegaron a una conclusión: Nación no ha enviado los fondos que establece la normativa para que los distritos se hagan cargo de la investigación y sanción de aquellos que comercializan pequeñas cantidades de droga. Por esa falta de recursos, indicaron que se perjudica la puesta en marcha del sistema en todo el país. Este medio también aprovechó para hablar con un cortista de Neuquén, quien brindó la experiencia del funcionamiento de los juicios por jurados que instrumentará la gestión uñaquista con el nuevo Código Procesal Penal (Ver entrevista).
La cumbre en San Juan se dio en el marco de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (Jufejus) y el tema de la lucha contra el llamado narcomenudeo fue el más sobresaliente. El artículo 5 de la ley de Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes establece el envío de recursos de Nación "para las fuerzas de seguridad, el servicio penitenciario de las provincias y a los poderes judiciales de cada provincia, con el objeto de garantizar la ejecución de la presente ley" para todos los que se adhieran. La persecución del narcotráfico está en manos de la Justicia Federal, pero con dicha norma, los distritos pueden hacerse cargo de la investigación de la venta de pequeñas dosis de droga. La ley se sancionó en 2005 y Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Salta y Santa Fe adhirieron, pero el kirchnerismo nunca envió fondos y la gestión macrista tampoco lo ha hecho hasta el momento, pese a que resalta su voluntad de enfrentar el negocio narco.
Para la presidente de la Jufejus, la fueguina María del Carmen Battaini, la falta de recursos es clave. Según indicó, la situación "dificulta lo que es la tramitación. Porque lo ideal sería tener jueces específicos dedicados al tema y ahora, en muchas provincias, esas causas están dentro de los propios juzgados provinciales que además tienen afectación de competencia para narcomenudeo".
En ese marco, el salteño Guillermo Posadas resaltó que al sistema "lo hemos asumido con las estructuras y recursos propios del Poder Judicial local. Los jueces de Garantías y los tribunales de juicio han asumido todo lo que es narcomenudeo como una tarea adicional".
En San Juan, el proyecto está avanzado, pero el Ejecutivo postergó su puesta en marcha, al menos, hasta fin de año. El ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, sostuvo que la superpoblación del Penal de Chimbas es un obstáculo y que no comenzará hasta que finalicen las obras para su ampliación. Sobre los fondos, indicó que "la provincia está en condiciones de asumir los gastos". El proyecto local prevé la creación de uno o dos juzgados, e igual cantidad de fiscalías y defensorías oficiales, más los cargos de ayudantes de fiscales, ya que la investigación estará cargo del del Ministerio Público. Por su parte, De Sanctis resaltó que "Nación le tira el problema a las provincias y las que pueden se están haciendo cargo".
Convocatoria
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Es la cantidad de magistrados provinciales de Cortes de Justicia que están en San Juan por la reunión de Jufejus. Son jueces de 18 provincias.
> Cárceles completas
Otro de los puntos que discutieron los magistrados provinciales en San Juan fue la superpoblación de los servicios penitenciarios. Un ejemplo fue el Penal de Chimbas que tiene una capacidad para 700 internos, pero hoy hay 1.480 detenidos. Por eso, el Ejecutivo planea la construcción de otra cárcel en Ullum.
"Se confía más en un jurado que en un juez"
– ¿Les costó que la gente se involucre en los juicios por jurado?
– Es fundamental la comunicación, contarle a la gente de qué se trata. Por eso hacemos las campañas de difusión.
– ¿Pero la gente se entusiasma en participar?
– Las estadísticas nos dicen que en una primera etapa, cuando una persona es sorteada para ser jurado, naturalmente hay rechazo, incertidumbre o miedo. Pero después, cuando se le consulta cómo les fue, la sensación es totalmente distinta.
– ¿El sistema ayuda?
– Sí. Los juicios por jurado son clave porque es la sociedad la que se involucra en la administración de Justicia. Después de que han participado, creen más en la Justicia. Además, entienden cosas que antes no: saben lo difícil que es ser juez, lo difícil que es dirimir un conflicto o cuando se tiene un estado de duda y se le tiene que dar ese beneficio al imputado.
– ¿Cómo se los capacita?
– Se les da instrucciones para que guíen la deliberación, se les explica cómo deben valorar la evidencia. También se les pide que hagan un esfuerzo muy grande por llegar a un consenso en la decisión.
– ¿Los jurados aplican las penas?
– El jurado delibera en secreto y dice si la persona es inocente o culpable. Si hay culpabilidad, el que impone la sanción es el juez.
– ¿Cómo reacciona la sociedad ante los juicios?
– Por ejemplo, si hay un caso que sacude a la opinión pública, como un crimen, y un juez absuelve al imputado, probablemente esa decisión sea duramente cuestionada. Ahora, si esa decisión la toma un jurado, es como que la sociedad la acepta mucho mejor. Se confía más en un jurado que en un juez, porque es el pueblo el que tomó la decisión.