El juez Guillermo Adárvez estaba en la mira por la presunta falsificación de documento público porque había ordenado que una joven de 36 años estampara su firma en una denuncia por violación un día después que la radicara su padre, el exdiputado Alfredo Castillo, cuando, según la ley, la que debía suscribir e impulsar tal acción era ella misma. La sospecha que reinaba era que el magistrado habría realizado tal movimiento para darle legalidad a la acusación contra el implicado por el abuso sexual y que siguieran las actuaciones. Sin embargo, su colega Benito Ortiz archivó ayer la causa porque entendió que el hecho de que la mujer pusiera su gancho 24 horas después no la convierte en denunciante, además de señalar que no se dieron los requisitos del delito de falsificación. Tras el fallo, el fiscal Roberto Mallea dijo que analizará si lo apela, mientras que el abogado Antonio Falcón, defensor del joven que fue acusado de violación, aseguró que presentará un pedido de jury de enjuiciamiento contra Adárvez.
Con la resolución de Ortiz, titular del Primero de Instrucción, Adárvez, a cargo del Tercero de Instrucción, zafó de transitar el camino de un proceso de destitución. Es que si el magistrado consideraba que debía indagarlo, primero debía solicitar su desafuero, ya que los jueces gozan de inmunidad de proceso. Y la pérdida de los fueros se da a través de un jury.
La causa está plagada de polémicas, al punto de que Falcón destacó que Castillo tiene una íntima relación de amistad y un pasado de militancia política con Adárvez, entre otros puntos (Ver cronología).
Falcón defiende a Sebastián Merino (24), quien había sido procesado con prisión preventiva por el magistrado del Tercero de Instrucción por la supuesta violación. El abogado acudió a la Justicia porque señaló que en la denuncia contra su cliente sólo estaba la firma del exlegislador bloquista y que luego constató que apareció la de la hija al revisar el expediente en el Juzgado. El profesional hizo hincapié en ese punto, ya que en ese tipo de delitos es la víctima la que debe realizar la acusación. Por eso, denunció la adulteración de documento público. En la investigación del caso, dos policías de la Comisaría de la Mujer dijeron que Adárvez dio directivas por teléfono para que la joven pusiera su firma.
De todas formas, Ortiz remarcó en su resolución que el haber estampado la rúbrica un día después “no le ha dado a la firmante la calidad de denunciante”. El juez sostuvo ese argumento al basarse en el fallo de la Sala II de la Cámara Penal, quien anuló el caso por violación contra Merino porque justamente “quien denunció la presunta comisión de un delito contra la integridad sexual no es la víctima sino su padre”. En el medio se dio la disputa de si la joven era discapacitada, motivo por el cual Castillo actuó en su representación. Sin embargo, los camaristas indicaron que no hay ninguna “constancia” ni declaración de un juez para tener como discapacitada a la hija del exdiputado.
El juez entendió que no hubo ni falsificación total ni parcial del documento público.
En el marco de las condiciones que deben darse para la falsificación de un documento público, Ortiz señaló que la firma de la joven “no le agrega ni quita nada al documento otorgado por su padre Alfredo Castillo, ni modifica en parte alguna su texto”. Además, interpretó que la inclusión de la firma “solo debe entenderse como notificación de la toma de conocimiento de que debía concurrir al legista para su examen, tal como lo deja asentado en su parte final la oficial actuante, quien debió procurar la firma de la presunta víctima una vez terminada y leída el acta en cuestión”. Y con respecto a las directivas que dio Adárvez, su colega sostuvo que “está dentro de las atribuciones de los jueces penales”.
Pese a ello, Falcón aseguró que esta semana presentará el pedido de jury contra Adárvez por falta de cumplimiento de los deberes a su cargo y desconocimiento reiterado y notorio del derecho. Según el abogado, el magistrado debió saber que la joven era capaz. Y si bien siguió con la causa, debió declararla nula cuando el fiscal Carlos Rodríguez le advirtió la situación.
Declaraciones
BENITO ORTIZ – Juez del Primero de Instrucción
“He ordenado el archivo de las actuaciones porque entiendo que no hay delito. Al resolver la denuncia contra un colega no me he sentido presionado de ninguna manera. He sido totalmente objetivo, como siempre lo he sido”.
ANTONIO FALCÓN – Abogado denunciante
“Mi defendido estuvo preso 136 días por violador, siendo inocente. Ahora voy a presentar un jury. Para mí ha habido un desconocimiento intencional del derecho por parte del juez Adárvez. Mantenerse en el error es intencional”.
Las instancias en 2017
27 de junio
El juez Guillermo Adárvez procesó con prisión preventiva a Sebastián Merino por el delito de violación. El fiscal Carlos Rodríguez sostuvo que el caso era nulo porque la denuncia debió ser instada por la propia víctima y no por su padre, Alfredo Castillo.
5 de julio
Antonio Falcón, defensor de Merino, presentó un escrito en la Fiscalía Correccional para que se investigue si la firma de la joven que acusó a su cliente por el ataque sexual es falsa o si se incorporó luego de que su padre hiciera la denuncia.
8 de julio
El fiscal Correcional Roberto Mallea le pidió al juez Benito Ortiz que abriera la investigación para establecer si hubo o no falsificación de documento público. Además, solicitó medidas previas. A los días, el magistrado comenzó con la instrucción.
20 de julio
Falcón volvió a apuntar contra Adárvez, al señalar que dictó resoluciones contrarias a la ley y que debería haberse apartado de la investigación contra Merino, ya que sostuvo que es amigo íntimo del denunciante, el exdiputado bloquista Alfredo Castillo.
17 de agosto
Tras la apelación del fiscal Carlos Rodríguez, los jueces de la Sala II de la Cámara Penal anularon la polémica causa por violación contra la joven de 36 años, ordenaron la inmediata libertad de Merino y dispusieron archivar todo el caso.
Claves
El juez Benito Ortiz, del Primero de Instrucción, entendió que la incorporación de la rúbrica de la joven en el acta “no le ha dado a la firmante la calidad de denunciante”.
El magistrado señaló que no hay falsificación porque la firma de la joven no le agrega ni quita nada a la denuncia que realizó su padre. “No tiene significación jurídica”, resaltó.
Frente a las directivas que impartió Adárvez para que se incorporara la firma de la joven, Ortiz dijo que tiene la facultad de dar las órdenes que considere conveniente.
Ortiz dijo que la inclusión de la firma de la joven sólo debe entenderse como notificación de la toma de conocimiento de que debía ir al médico legista para su examen.
El camino del jury, aún latente
Tras el fallo del juez Benito Ortiz, el fiscal Roberto Mallea debe decidir si acude o no a la Cámara de Apelaciones. Este último manifestó que estudiará la resolución para definir el camino a seguir. No obstante, el abogado Antonio Falcón afirmó que esta semana presentará el pedido de jury de enjuiciamiento contra el juez Adárvez. Según señaló, lo hará por las causas de falta de cumplimiento de los deberes a su cargo y por el desconocimiento reiterado y notorio del derecho. El planteo se hace ante el jurado que está conformado por un miembro de la Corte de Justicia, dos diputados y dos abogados. El cuerpo colegiado le debe correr vista al implicado para que haga su descargo. Si el planteo avanza, el fiscal General de la Corte de Justicia debe decidir si acusa o no. Si lo hace, se abre el proceso de juicio. Luego se lleva a cabo un debate oral y público para decidir la suerte del implicado. El mismo tiene la posibilidad de defenderse en todo momento.