Según indicaron fuentes judiciales, el delito de contaminación del ambiente y usurpación por el que están en la mira directivos de las empresas Pelambres y Pachón S.A, hasta el momento, sigue en pie, a pesar de que ya han pasado unos ocho años de producido el hecho. La definición de las fuentes radica en que una de las partes involucradas había solicitado en la Justicia Federal la prescripción de la causa, lo que fue rechazado tanto por el fiscal Francisco Maldonado y el juez Leopoldo Rago Gallo, posición que fue ratificada por la Cámara de Apelaciones de Mendoza. El fundamento del rechazo se dio porque, hasta el momento, la escombrera Cerro Amarillo sigue en territorio sanjuanino y no ha sido removida de su lugar, por lo que los delitos se siguen cometiendo.
En la causa ya están imputados ejecutivos de la minera chilena. Estos son Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerda Mery, Robert Mayne-Nicholls, de Los Pelambres, y Francisco Veloso, de Antofagasta Minerals, el grupo que controla la empresa trasandina. Todos se encuentran bajo la lupa por el delito de contaminación y usurpación.
La causa contra la empresa minera chilena tuvo un giro que involucró al denunciante. Pachón fue quien demandó en 2014 y denunció en 2015 a Los Pelambres por la montaña de residuos. Pero el tema es que la escombrera se había formado entre 2007 y 2012. Bajo ese parámetro, fue Fiscalía de Estado de la provincia la que, en agosto de 2017, radicó la denuncia para que la Justicia Federal investigue la supuesta responsabilidad de los exejecutivos que intervinieron en el proyecto de cobre con asiento en San Juan. El fiscal federal analizó el pedido y le solicitó a Rago Gallo que ampliara la instrucción contra los que tuvieran alguna participación en el delito y que también los indagara.
Tanto el fiscal de Estado como el fiscal y el juez entienden que Pachón, como propietaria del terreno en posesión de la pertenencia minera, tiene un deber de custodia y la obligación de conservar la zona de cualquier tipo de peligro. Así, quienes cayeron en la sospecha fueron Julián Patricio Rooney, director titular en 2007, 2010 y 2012 de Pachón; Luis Enrique Lucero, que fue vicepresidente en 2007, 2010, 2012 y 2015; y Xavier Luis Ochoa Paressini, quien ejerció la Gerencia General de la empresa en San Juan en 2010 y 2012. Hay un cuarto exejecutivo imputado, Robert Frank Drabik, a cargo de la gerencia en 2007. Hasta hace un año, Drabik no había podido ser encontrado para ser llamado a indagatoria.
Los cuatro están imputados como sospechosos de infringir la ley 24.051 de Residuos Peligrosos. Esto es, la intervención de directores, gerentes y administradores de una empresa en el delito de contaminación.
Delito
Uno de los delitos en la mira es el de contaminación, que según la normativa, está penado con prisión de tres a diez años y multa que va de los 10.000 a los 200.000 pesos. Si por la contaminación alguien muriese, la pena será de 10 a 25 años.
Usurpación
De acuerdo al artículo 181 del Código Penal, "será reprimido con prisión de seis meses a tres años" aquel que "despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él".