El gremio que nuclea a los trabajadores del Poder Judicial emitió ayer un duro comunicado en el que criticó el fallo que desligó de responsabilidades al funcionario judicial Juan Pablo Ortega, quien estaba imputado de encubrir a Mario Parisí, otro hombre de peso en Tribunales. A través de la Subcomisión de Géneros y Derechos Humanos, la Unión Judicial, que encabeza Sebastián López, cuestionó, sin mencionarlo, al juez de Garantías, Matías Parrón, dado que, a la hora de sobreseer a Ortega, lo hizo "mirando el apellido de los acusados". Así, afirmó que "no hay ley Micaela, Código de Ética del Poder Judicial y Ley de Ética Pública que baste cuando de romper los pactos de complicidad patriarcal se trate".
No fue lo único, ya que tiró un mensaje a la Corte de Justicia al indicar que "el Poder Judicial debe aclarar cuál es el mensaje hacia los trabajadores y trabajadoras y hacia la sociedad, no solo respecto de las capacitaciones en género como un relato de ocasión o como un tranquilizador de conciencias, sino como una herramienta que deben usar al momento de hacer justicia". Así, el comunicado cerró expresando que "todas las víctimas importan si queremos humanizar nuestra justicia". La última frase no es menor, ya que el término humanizar es el que eligió el presidente del máximo tribunal, Juan José Victoria, para definir el camino a recorrer durante su año de gestión.
Sin indicarlo literalmente, el órgano de la Unión Judicial hizo referencia a los nombres de las personas imputadas en la causa, ya que se trata de figuras conocidas dentro de Tribunales. Parisí es un funcionario judicial con mucha trayectoria dentro del Poder Judicial y está investigado por el delito de lesiones en contexto de violencia de género, amenazas y desobediencia a una orden judicial. En dicho expediente también quedaron involucrados Ortega y el médico Jorge Gil, los que fueron sobreseídos el miércoles por Parrón, bajo el beneficio de la excusa absolutoria, establecido en el Código Penal, medida que no castiga a los amigos íntimos del principal imputado. En el caso de Ortega, secretario Relator de la Corte y quien se desempeñaba en la Asistencia Jurídica al Colegio de Jueces del sistema acusatorio, había quedado involucrado por tratar de cambiar la declaración de la mujer que denunció a Parisí.
Además de las críticas de la Unión Judicial, la fiscal de la causa, Claudia Salica, quien está trabajando junto a su par Roberto Ginsberg, cuestionó la decisión del juez por beneficiar a Ortega, quien, por su rol, "no puede desconocer, de ninguna manera, que lo que estaba haciendo era encubrir a un violento". A su vez, al tratarse de un delito en un contexto de violencia de género, la Fiscalía entendió que tanto Ortega como Gil no debieron ser sobreseídos bajo el beneficio de la excusa absolutoria y consideró que deben continuar ligados al proceso.
En ese marco, la Subcomisión de Géneros y Derechos Humanos de la Unión Judicial fue dura al indicar que, con el fallo, se "sostuvo el patriarcado", ya que "en momentos y causas sensibles, los actores estratégicos (como el juez) deciden mirando el apellido de los acusados". Además, sostuvo que, "cuando se trata de personajes de peso, todo el panorama" de una Justicia con perspectiva de género "vuelve a dejar indefensas a las víctimas".
Según Fiscalía, con el fallo, Ortega zafó de enfrentar posibles sanciones internas en su carácter de funcionario público.
Sin causa interna
Desde Fiscalía explicaron que como el juez entendió que Juan Pablo Ortega no cometió un delito, este no puede ser investigado dentro del Poder Judicial por su rol de funcionario público, bajo la ley de Ética Pública, la que indica que un funcionario condenado debe cesar en sus funciones.