Para el juez Bonadío, Carlos Zannini “tuvo una intervención activa en todo el proceso de elaboración y puesta en marcha del memorando”, acusó el juez. Sobre otro de los detenidos, Luis D”Elia, el juez tuvo en cuenta anteriores condenas del referente piquetero y lo ubicó como “intermediario entre el gobierno nacional y personas vinculadas al régimen iraní, trasmitiendo comunicados en miras de avanzar en la puesta en marcha del plan delictivo investigado, como así también lograr un acercamiento comercial a nivel estatal entre ambos países”.
En lo referido a Fernando Esteche, para el juez “tenía conocimiento de las negociaciones llevadas a cabo” con Irán y de los “intereses que enmascaraba la firma del memorando”, a la vez que tildó como “imprescindible” su rol.
Sobre Jorge Khalil, al igual que para Esteche y D”Elía, el magistrado argumentó que quedaron presos por sus “contactos y relaciones con funcionarios iraníes”, algo que incrementaría la posibilidad de fuga y entorpecimiento del caso. Khalil, en concreto, recibiría dinero por parte del gobierno de Irán por sus gestiones, algo que aumentaría el riesgo de evasión.
Bonadio también procesó sin prisión preventiva a la ex procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona. “Entre sus facultades ninguna la habilitaba a participar en la elaboración de pactos o tratados internacionales” pese a lo cual encabezó, a pedido de Cristina Kirchner, las delegaciones argentinas que se reunieron con funcionarios iraníes el 30 de octubre y el 27 y 28 de noviembre de 2012.
“La finalidad perseguida con su designación como responsable de la comitiva era mantener en secreto el contenido de esas reuniones, monitorearlas y posibilitar el objetivo perseguido de suscribir un acuerdo con Irán que normalice las relaciones entre los Estados, que conllevaría a garantizar la impunidad de los imputados en la causa AMIA”. Todo lo hizo por “el grado de confianza que mantenía con las más altas autoridades del gobierno nacional y computados en la maniobra, Cristina Fernández y Carlos Zannini”, agregó el fallo.
A otros dos procesados sin prisión preventiva por los mismos delitos, el exsecretario general de la Presidencia Oscar Parrilli y el diputado de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, los consideró partícipes necesarios.
Sobre Parrilli, quien ocupó su cargo hasta el final del gobierno de Cristina, sostuvo que “conocía -por su pública y notoria cercanía con la exmandataria-, los movimientos vinculados a los hechos ilícitos aquí reprochados”.
Respecto de Larroque, Bonadio entendió que al momento de los hechos era diputado nacional. “De las constancias recolectadas en esta investigación se desprende que actuaba como intermediario entre las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y Jorge Kahlil, por intermedio de Luis D”Elía y Fernando Esteche”.
Sobre el también procesado exsubsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena, remarcó que “participó en la elaboración” de una presentación de Timerman ante el Senado en busca de la aprobación del Memorandum y de la preparación de la primera reunión por el tema con la delegación iraní en octubre de 2012. En cuanto al supuesto espía también procesado Ramón Allan Héctor Bogado, se lo acusa de haber tenido un rol “clave en las maniobras ilícitas descriptas, pues poseía contactos en el entorno de CFK y con referentes del régimen iraní”.
Sorpresa del lado de Mauricio Macri
El presidente Mauricio Macri analizó hoy con miembros de su gabinete la decisión del juez federal Claudio Bonadio de procesar con prisión preventiva y pedir el desafuero de Cristina Fernández.
Luego de presidir en la residencia de Olivos el acto de inauguración del Paseo de la República, un espacio verde de libre acceso en la quinta presidencial, Macri se trasladó a la Casa Rosada. Allí, el Presidente encabezó un encuentro con los miembros de la denominada “mesa chica” del gabinete nacional, en la que se calificó de “sorpresiva” la decisión del juez Bonadio. Según fuentes oficiales, en ese encuentro los funcionarios opinaron que hubo “cierta sobreactuación” del magistrado al ordenar las detenciones, ya que la prisión preventiva debe ser aplicada en “situaciones específicas, y no como una atribución personal”.