El 2 de agosto, las juezas María Eugenia Varas y María Josefina Nacif y su colega Juan Jesús Romero escucharán a los abogados de los presidentes de los partidos de Juntos por el Cambio (JxC) que fundamentarán por qué debe sostenerse la inconstitucionalidad declarada del nuevo Código Electoral que eliminó las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), mientras que el fiscal de Estado, Jorge Alvo, dará las razones de la validez legal de la norma que impulsó la gestión uñaquista. Los integrantes de la Sala IV de la Cámara Civil pueden resolver la causa ese mismo día, pero todo se encamina a que saquen el fallo dentro de los 15 días hábiles posteriores, resaltaron fuentes calificadas.
¿Por qué se tomarían tal plazo, teniendo en cuenta que tienen el expediente desde principios de junio, feria judicial de invierno de por medio, sumado a que ya definieron un proceso similar, como el encarado por tres diputados giojistas, en el que, por mayoría, revocaron la declaración de inconstitucionalidad de la quita de las PASO que había resuelto la jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo? Porque, a diferencia de la causa giojista, la de JxC tiene un punto diferente: la llamada legitimación, que es la aptitud para ser demandante en un juicio, al que una norma pueda ocasionarle un perjuicio. Varas y Nacif entendieron, en base a numerosos fallos de la Corte Suprema, que los legisladores Juan Carlos y Leonardo Gioja y Graciela Seva no están legitimados para hacer la presentación porque, en líneas generales, no pueden reeditar en la Justicia una discusión que perdieron en su ámbito de actuación: la Cámara de Diputados, además de que no demostraron daño alguno con la sanción del Código Electoral. Al resolver ese requisito básico, las camaristas no se metieron con el procedimiento de aprobación del cuerpo legislativo, dado que quedó en abstracto. El tratamiento legislativo de la eliminación de las PASO fue declarado irregular por la jueza de primera instancia.
En cambio, el planteo de inconstitucionalidad de JxC fue encarado por los presidentes y apoderados de los partidos miembros, cuyos abogados sostienen que sí están legitimados y que el nuevo Código, que borró las PASO, sí los afecta. Entonces, Varas y Nacif deberán analizar si, justamente, cuentan o no con legitimación para actuar en el juicio, lo que implica un nuevo análisis. El que también deberá estudiar el punto es el juez Romero, quien en la causa giojista había votado en disidencia y sí entendió que los diputados estaban legitimados e, incluso, que el procedimiento de sanción de la norma tuvo defectos. Al tratarse de otros protagonistas (presidentes de partidos) deberá dar su postura, aunque, al reconocerle legitimación a legisladores, es muy probable que también repita su opinión.
Si las magistradas considerasen que JxC está legitimado, deberán resolver la cuestión de fondo: si el tratamiento del Código fue inconstitucional o no, lo que, se presume, llevará un tiempo de evaluación. En cambio, Romero ya ha dado su parecer. El resultado será clave porque impactará en la tercera causa (Ver La otra…).
TIEMPO
La apelación al fallo de Tettamanti en la causa giojista entró el 3 de junio a la Sala IV. El 30 de ese mes hicieron la audiencia entre las partes y, tras esa fecha, se tomaron nueve días para sacar su resolución. En el medio estuvo la feria judicial.
El tercer planteo de inconstitucionalidad del Código Electoral que eliminó las PASO fue realizado por el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), fuerza política que es aliada del PJ en el Frente de Todos. La jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, también le hizo lugar y declaró el 30 de junio la inconstitucionalidad del cuerpo normativo por "vicios" en el procedimiento de sanción de la norma. Tras la notificación formal a Fiscalía de Estado, que representa los intereses de la provincia, sobrevino la feria judicial de julio, en la que se suspenden los plazos legales. Así, el organismo que conduce Jorge Alvo apeló el miércoles, por lo que los abogados del PTP quedarán formalmente notificados el próximo martes. De ahí, cuentan con cinco días hábiles para hacer su contestación, indicaron fuentes judiciales. De esa manera, el expediente es el que va más retrasado de los tres, dado que aún no ingresa a la Sala IV de la Cámara Civil, la que también realizará una audiencia con las partes. Al tratarse de un planteo similar al de JxC, el resultado en este último proceso judicial marcará el destino de la causa del PTP.