En Concepción. Las protestas sociales en Chile agitan el clima en Santiago y también en la provincia de Concepción. Las cantidad de muertos aumenta.

 

Pese a las medidas anunciadas por Sebastián Piñera para frenar la crisis, muchos chilenos salieron ayer a las calles para pedir la renuncia del presidente de la nación latinoamericana.

En muchas protestas se oyeron reclamos de renuncia para Piñera, una posición que hasta ayer por la tarde no había sido avalada institucionalmente por ningún partido político de la oposición.

El martes pasado, el mandatario anunció un incremento "inmediato" en un 20% de la Pensión Básica Solidaria y de otro 20% en el Aporte Previsional Solidario, vías por las que el Estado participa en el sistema previsional chileno, que es de capitalización individual y está administrado por empresas privadas.

La iniciativa, según Piñera, beneficiará en total a 1,5 millones de pensionistas y se unirá a otras medidas de ayuda para los de más de 75 años, para los adultos que no se valen por sí mismos y para complementar el ahorro previsional de la clase media y las mujeres.

Anunció también el tratamiento legislativo de "urgencia" de un proyecto de ley para crear un seguro que garantice un techo de gasto en salud en caso de padecer "enfermedades catastróficas" y dos iniciativas para subvencionar el precio de los medicamentos. Creará también un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos (unos 482 dólares) que complemente el salario de los trabajadores a jornada completa cuando sea inferior a esa cantidad, mientras que rebajará las dietas de los parlamentarios y los altos sueldos de la administración pública.

Para financiar estas medidas, propondrá, entre otras cosas, un proyecto de ley para aplicar un impuesto del 40% a las rentas superiores a 8 millones de pesos mensuales (unos 11.000 dólares), mediante el cual se espera recaudar 160.000 millones de dólares. El costo de implementar todas estas medidas será de 1.200 millones de dólares para las arcas fiscales en 2020, dijo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, poco después del mensaje de Piñera.

Al anunciar medidas tales como la anulación de un incremento de las tarifas de la luz, el martes por la noche Piñera pidió "perdón" por no haberse anticipado a la crisis social, pero optó por mantener la militarización, en contra de la demanda mayoritaria de la sociedad chilena.

Grupos violentos radicalizaron una protesta social debido al alza del precio del subte de Santiago como detonante, que derivó en masivas manifestaciones que originaron choques con la policía, barricadas, incendios y saqueos.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, dio marcha atrás con el aumento del subte y convocó a todos los partidos políticos para buscar una solución al más grave conflicto social que sacude a Chile en décadas.

Aunque el mandatario dio marcha a atrás al alza de los precios de los pasajes, el descontento permanece. Ahora las consignas son: "Chile se cansó" y "no es por 30 pesos (del aumento de pasajes), es por 30 años" de democracia.

El reclamo de la ciudadanía ha tomado como eje las grandes deudas sociales del país en materia de educación, salud, sistema de pensiones, vivienda, el agua en manejo de privados, corrupción gubernamental, entre otras, principalmente heredadas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El presidente del Partido Comunista chileno, Guillermo Teillier, confirmó que su fuerza está trabajando en la presentación ante el parlamento de una acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera como consecuencia de las violentas protestas sociales, en las que ya se registraron 18 muertos. La acusación constitucional es un proceso de investigación parlamentaria equiparable al juicio político, donde la Cámara de Diputados se constituye como acusadora y el Senado como cámara juzgadora y, en caso de que el funcionario sea hallado culpable se justifica su destitución o inhabilitación para el ejercicio del cargo u otra función pública.

Cientos de miles de chilenos salieron a la calle para quejarse por Piñera.

 

Reclamos en Buenos Aires

Residentes chilenos en Argentina y organizaciones sociales se reunieron ayer frente a la Embajada de Chile en Buenos Aires en apoyo a las protestas en el país gobernado por Sebastián Piñera, donde rige el toque de queda y ya se contabilizan al menos 18 muertos.

Poemas, música y bailes tradicionales como la cueca se entremezclaron con carteles pidiendo la renuncia de Piñera, otros que lo tildaron de "asesino", y con cánticos de "el pueblo unido jamás será vencido" en una jornada para denunciar las condiciones en las que vive la población chilena.

"Todos los recursos naturales y todos los derechos básicos de las personas están en manos del mercado porque está todo privatizado, entonces la mayoría de la población no tiene acceso real a la educación, a la salud ni a la cultura", aseguró Paulo Navarrete, joven perteneciente a la Asamblea de Autoconvocades Chilenos de Buenos Aires.