Esta semana se conoció la queja desde la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) porque las redeterminaciones de precios de la obra pública y especialmente de viviendas, no están reflejando el salto que han pegado los materiales de la construcción, que evidencian una alocada carrera alcista muy ajena a los índices oficiales. Los contratistas alertaron que eso pone en peligro la obra pública. Pero el Ministro de Obras y servicios Públicos, Julio Ortiz Andino, salió al cruce de los reclamos, advirtió que no se modificará el método para ajustar las certificaciones de las empresas, y dijo que no por eso se va a frenar la obra pública. ""Las obras que están en curso las van a tener que terminar cada una de las empresas, porque todos tienen un contrato y tienen la obligación de hacerlo", señaló Ortiz Andino. El funcionario estaba al tanto del malestar que ya le habían transmitido los constructores en una reunión la semana pasada, y hasta admitió que algunas certificaciones al momento de ajustarse por los índices de redeterminación vigentes quedan relegadas respecto a los precios reales, y por eso se ha pedido a la Nación que vea la manera de arreglarlo. Pero se mostró molesto con la insinuación por parte de los contratistas de que peligre la obra pública, en momentos donde el gobierno está buscando atenuar la crisis económica que desató la pandemia por medio de los puestos de trabajo que generan la construcción de viviendas, dique y caminos, entre otras construcciones. ""Lo que no estoy de acuerdo con lo que han comentado los constructores es que peligre la obra pública. Acá hay un contrato que debe ser respetado, y las obras van a continuar, no van a peligrar", aseveró. La advertencia tiene asidero porque el gobierno puede ejecutar las garantías que se presentan cada vez que se firma un contrato de obra pública. El conflicto surgió cuando se publicó el nuevo costo del m2 que calcula el Circot, con una suba de 50% en un año, por los aumentos en mano de obra y precios de los materiales. Al ser consultado por el impacto, Cesar Borrego, vicepresidente de Camarco, cuestionó el modo de redeterminación de precios de certificaciones de obras que se aplica ahora: "Los precios que nos pagan están cada vez más relegados, y la ecuación financiera y económica no se cumple. Ya están peligrando todas las obras", dijo. La razón del conflicto son las Unidades de Vivienda (UVIs), índice que se usa para actualizar los costos de construcción de las casas del IPV, mediante una combinación de valores del Indec y del Banco Central (ver recuadro), explicó el ministro de Obras. ""Venimos trabajando con una ley nacional que son las UVIs, con la cual las empresas estuvieron muy contentas, porque en el mismo documento se incluye el certificado de obra básica y el de redeterminación de precios, y las obras de vivienda son las que primero cobran", dijo Ortiz Andino. Añadió que es verdad que las UVIs se vienen quedando rezagadas respecto al índice de actualización tradicional del decreto 691, que se usa para otras obras viales o hidráulicas, pero opinó que si las empresas no se demoran en hacer los barrios más que 12 o 15 meses, "no les incide mucho". Agregó que no pueden cambiar la forma de redeterminación porque hay contratos firmados, y además se pretende seguir haciendo planes de vivienda con la Nación, por eso le planteó a las autoridades nacionales que vean la forma de mejorar el método de ajuste. Dijo que se está haciendo un esfuerzo "grande" en medio de la pandemia para pagar en término, y anunció que se pagarán las certificaciones de noviembre este mes.
- Relocalizan asentamiento en un nuevo barrio
El gobernador Sergio Uñac, junto con el intendente de Pocito, Armando Sánchez, entregó ayer en ese departamento llaves de nuevas viviendas a algunas de las 121 familias provenientes del asentamiento David Chávez, que fueron relocalizadas en el barrio Cruce de los Andes III, ubicado en Calle 13 entre avenida Uñac y Aberastain. "En un año sumamente difícil nos hemos animado a no detener la obra pública", dijo Uñac.
Idea descartada
En un momento se pensó cambiar el índice UVIs nacional, por una versión local que contemple variaciones de precios de materiales de zona sísmica, según fuentes oficiales. Pero al final se descartó porque no fue aceptado por la Nación, con quien la provincia pretende tener muchos programas de vivienda.
- Método para ajustar el precio de casas
En septiembre de 2018 se cambió la forma de redeterminar precios en el IPV, con la aprobación de las constructoras. Luego de determinar el valor de construcción de una vivienda para un determinado barrio, el mismo se convierte en Unidades de Vivienda (UVIs). La UVI es una unidad que se ajusta en pesos indexada por el índice de costos de la construcción, que calcula y publica diariamente el INDEC y el Banco Central. Una vez determinada la cantidad de UVIs que contiene una vivienda, las empresas constructoras cobran sus certificados en base a los avances correspondientes, teniendo en cuenta el valor de la UVI del último día hábil del mes anterior a la emisión del certificado. El resto de obras públicas siguió reajustando por el decreto 196.