El juez de Garantías Andrés Abelín Cottonaro cerró ayer la investigación contra un joven albardonero de 24 años y pasó la causa a otra instancia, el juicio oral y público, en la que se definirá si deberá o no ser condenado a 14 años, tal como adelantaron ayer la fiscal de la UFI Anivi Ingrid Schott y el ayudante fiscal Rodrigo Videla. Para Fiscalía, se acreditó que cometió al menos cuatro hechos de abuso sexual simple (manoseos y un beso) y otro más con acceso carnal por la introducción de dedos, contra una jovencita cuando tenía 15 años (hoy tiene 17) e iba a su casa porque es pariente de la pareja del acusado. La situación de Enzo Fernando Casíbar (24) es complicada, porque al cabo de la investigación Fiscalía consideró acreditada una circunstancia que eleva la escala de castigos: el agravante de haber provocado con sus ataques sexuales un grave daño en la salud mental de la víctima.
Casíbar es defendido por Fernando y Enzo Bonomo. Y siempre sostuvo que no cometió los abusos que le atribuyen, porque el día y la hora en que la víctima dijo que ocurrieron, él estaba trabajando o haciendo otra cosa.
El joven empleado metalúrgico había sido denunciado por la madre de la niña el pasado 26 de agosto. Fue luego de que la menor le dijo a su mamá que le creyeran a una prima (entonces de 16 años) que estaba internada por una crisis de nervios, a causa de los abusos que había sufrido a manos de Casíbar. Se lo pidió porque -dijo- a ella le había hecho lo mismo.
Por esta otra causa que no se tramita en el sistema acusatorio y está radicada en el Tercer Juzgado de Instrucción, Casíbar está procesado por abuso simple, sin prisión preventiva, dijeron fuentes judiciales.
Cuando la niña habló ante los psicólogos del Anivi, esos profesionales no sólo consideraron que no mentía sino que, además, de su relato se desprendía que había terminado con graves secuelas o daños en su salud mental.
Por eso fue que ayer la fiscal Ingrid Schott le pidió al magistrado que dé vía libre para exigirle al acusado que repare el daño causado, al menos simbólicamente, con una suma de $100.000 a favor de la víctima.
Sin embargo el juez entendió que no se daban ciertos requisitos legales para encaminar ese reclamo (como el hecho de que debía ser la víctima quien reclamara) y lo rechazó, indicaron fuentes judiciales.