La Oficina Anticorrupción (OA), que preside Laura Alonso, pidió ayer que el exvicepresidente Amado Boudou sea condenado a la pena de 5 años y medio de prisión por quedarse con el 70 % de las acciones de la imprenta Ciccone, que fabrica papel moneda, a cambio de ayudar a solucionar los problemas fiscales que enfrentaba la compañía. Solicitó además que le impongan una multa de 90.000 pesos y lo inhabiliten de por vida para ejercer cargos públicos. La pena máxima posible era de 6 años.
La OA pronunció su alegato en la ultima etapa del juicio que se le sigue al exvicepresidente, junto con Nicolás Ciccone, el dueño de la empresa, Rafael Resnick Brenner, el jefe de asesores de la AFIP, Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro de Boudou, Guido Forcieri, su amigo y José María Núñez Carmona, su socio.
Los abogados de la OA Matías Rey y Natalia Pereyra pidieron además que Núñez Carmona reciba 5 años, que Vandenbroele reciba un año y medio, que Nicolás Ciccone sea condenado a 3 años y 8 meses de prisión, que a Forcieri se le impongan 2 años y cuatro meses y que Resnick Brener reciba 3 años de prisión.
Con respecto a Vandenbroele, la OA valoró que confesó y que colaboró como arrepentido.
Para al OA, Boudou "con mucho poder, disciplinó a un montón de reparticiones públicas en pos de un negocio privado" por la compra de la ex Ciccone Calcográfica.
"Dijo que se interesó en la operación. Esta es la conducta típica del delito de negociaciones incompatibles con su función por el que se lo acusa y además se le imputa el delito de cohecho, como si las acciones fueran parte de un soborno a cambio de beneficiar a la empresa", sostuvo.
Hoy es el turno de la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de Facundo Orazi y Mariela Cimolai, y la semana próxima, el 5 de junio, alegará el fiscal Marcelo Colombo.
Tras una semana de receso para que las defensas preparen sus argumentos, será el turno de los abogados de los acusados. El 19 de junio, tras las exposiciones de dos letrados por día, los defensores culminarán su tarea.
Los abogados son Eduardo Durañona por Boudou, Matías Molinero por Núñez Carmona, Gabriel Iezzi por Resnick, Vandenbroele será representado por la defensoría oficial y Forcieri por Pablo Slonimsky.
Así, los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 4 tienen tiempo de dictar la sentencia antes de que comience el receso de vacaciones de invierno, a mediados de julio. Los fundamentos se conocerían luego de las vacaciones.
La Justicia pretende aclarar si, en 2010, cuando era ministro de Economía del Gobierno de Cristina Fernández,
Boudou adquirió la imprenta privada junto a su entonces socio José María Núñez Carmona.
Según la investigación, la compra se realizó a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele con el fin de contratar con el Estado nacional la impresión de billetes y documentación oficial.
Ciccone Calcográfica fue declarada en quiebra en julio de 2010, a petición del Fisco, por deudas impositivas, pero la Justicia la levantó tres meses después, a solicitud de la propia empresa, tras haber negociado un plan de pagos con el Fisco, y la empresa quedó en manos de The Old Fund.