Las causas de corrupción en la era K siguen asechando a exfuncionarios que ya están procesados e incluso en prisión, pero también comienzan a sumar a otros que hasta ahora se mantenían a salvo. Este es el caso del exgobernador kirchnerista de Santa Cruz, Daniel Peralta. Ayer, el fiscal federal Guillermo Marijuan pidió ante el juez Claudio Bonadio la detención e indagatoria de Peralta. El fiscal hizo extensivo el pedido para Julio De Vido, Roberto Baratta, Jorge Mayoral, del empresario excarcelado recientemente Juan Carlos De Goycochea (ex Isolux), de Ernesto Maxit de la misma empresa, de Miguel Larregina (Excoordinador de YCRT), entre otros.
La solicitud se realizó en una causa por sobreprecios en la Usina de Río Turbio, una fallida promesa energética de Cristina Kirchner.
La causa tuvo sus vericuetos judiciales, ya que el juez Bonadio sobreseyó a los acusados pero la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que conduce Sergio Rodríguez reclamó su apertura y la Cámara porteña hizo lugar.
Ante esta circunstancia, el magistrado ordenó realizar una pericia para determinar si efectivamente hubo sobreprecios en la obra que prometía generar 240 MW.
Por ello se ordenó un informe pericial que contraste con el de la Sindicatura general de la Nación (Sigen) que fijó un sobreprecio de más del 90% en la obra adjudicada a Isolux Corsán. Esta obra es parte de los fondos que Planificación Federal destinó para la modernización y puesta en valor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) responsable de abastecer de carbón a la Usina que nunca se terminó.
Según la Sigen, la obra modificó 11 veces su costo inicial, elevando su valor a U$S 1.631.355.105, cuando fue adjudicada por U$S 857.341.128: los adicionales de la obra incrementaron el 90,28% del contrato original. "Nos encontramos con procesos decisorios carentes de razonabilidad y legalidad", lo que "ocasionó un dispendio de recursos en perjuicio del erario público".
El informe pericial que ingresó al juzgado de Bonadio recientemente confirmó las sospechas: "La oferta realizada por la UTE quien fijó los costos en un valor de U$S 857.341.128 equivalente a 2.662 millones de pesos. Sin embargo, el nuevo valor de contrato ascendió a U$S 1.726.251.982", según explica Marijuan.