Un reconocido abogado de Caucete se encuentra en la mira de la Justicia por ser parte de una presunta estafa y falsificación de documento público, dado que está bajo sospecha de intentar quedarse con terrenos de una comunidad originaria huarpe, que según estimaciones alcanzarían unas 25.000 hectáreas. La denuncia fue presentada por un grupo de damnificados contra Jorge Amarfil, quien ya tenía en su historial una presentación similar radicada en 2018 por otra integrante de la misma comunidad. Junto a Amarfil aparece bajo la lupa la escribana Graciela Pontoriero, quien habría intervenido para que los denunciantes firmaran documentos sobre los que aseguran que desconocían su contenido. Incluso, algunas de las víctimas los habrían firmado en blanco. El pedido de investigación partió desde la Fiscalía Correccional Nº5 y se presentó ayer en el Quinto Juzgado de Instrucción, que conduce Benedicto Correa. La movida fiscal es clave, por lo que es casi un hecho que la causa se abrirá.
Los delitos en juego contra ambos profesionales son: estafa por suscripción de documento y falsificación de instrumento público. De avanzar la investigación y de que se llegue a una eventual condena, las penas de ambas figuran contemplan una ejecución en suspenso.
El dato surgió tras una entrevista en la radio Estación Claridad y las novedades de la causa fueron confirmadas por fuentes judiciales.
Según la denuncia, Amarfil, quien es líder de Horizonte Democrático, un partido político de Caucete, se acercó a miembros de la comunidad huarpe Las Chacras, de Marayes, Caucete, junto a un agrimensor con el argumento de que los integrantes actualizaran los títulos de sus tierras, ya que varios serían herederos de las tierras de esa zona. Para ello, dialogó con cada uno de ellos, convenciéndolos para que firmaran la documentación necesaria que permitiera avanzar con el trámite. Según trascendió, Amarfil habría presionado a los damnificados para conseguir las firmas. Incluso figura en la acusación que las presiones se convirtieron en amenazas y hasta en hostigamiento contra aquellos que no querían firmar. Por esa situación y la falta de conocimiento y asesoramiento, algunos integrantes plasmaron su aval en los papeles, desconociendo lo que firmaban. De acuerdo a la denuncia, se trató de una cesión de derechos de las tierras a su nombre.
Ese mismo hecho es el que en octubre de 2018 denunció Pascuala Nélida Marin, quien indicó que había firmado voluntariamente un documento para adquirir la escritura traslativa de dominio del terreno que le correspondía de sus padres. Sin embargo, terminó avalando una cesión onerosa de derechos hereditarios a favor de Amarfil. En el documento que presentó en la escribanía, el abogado apuntó a quedarse con los derechos de los terrenos a cambio del pago de 100.000 pesos, monto que Marín aseguró que nunca percibió.
Al tomar conocimiento de ese episodio, los integrantes de la comunidad decidieron acudir a la Justicia y denunciar al abogado, la escribana, el agrimensor que acompañó a Amarfil y a dos personas más, señaladas como “Beto” Vega y Carlos Vila. Los nuevos denunciantes también aseguraron que nunca recibieron dinero alguno por el trámite de cesión hereditaria que Amarfil hizo figurar.
Fuentes calificadas indicaron que los damnificados son personas humildes y de bajos recursos y que el abogado se habría aprovechado de esa situación para quedarse con los terrenos.
Al tratarse de dos denuncias similares, desde la Fiscalía solicitaron que ambas sean unificadas. Ahora el juez deberá evaluar qué medidas lleva adelante.
Denunciantes
La última denuncia fue puesta por Gustavo Nicolás Andrada, José Luis Marin, Lucia Ramona Marin, Pablo José Naveda, Miguel Francisco Benegas, Pablo Ramón Maya, Oscar Cesar Marin, Jorge Daniel Andrada, Silvia Estela Marin, María Ernestina Andrada, Roberto Marin, Ilaria Alicia Marin y Gladys Ilda Marin.
Disputa conflictiva
En 2014, en El Encón, 25 de Mayo, un conflicto puso en vilo 6.000 hectáreas pertenecientes a descendientes de los huarpes. Un privado buscó alambrar el predio para una producción ganadera y la movida fue impedida por dos comunidades. Tras un amparo, la Justicia resolvió a favor de los pueblos originarios.
Claves de la causa
Perjudicados
En total son trece las personas de la comunidad huarpe “Las Chacras” que fueron a la Fiscalía a denunciar a Jorge Amarfil. El pedido de investigación fue realizado ayer ante el juez del Quinto de Instrucción.
Delito
La investigación apunta a una presunta estafa por suscripción de documento y falsificación de instrumento publico. La escala penal del delito más grave va de uno a seis años de prisión.
Denuncia previa
En octubre de 2018, Jorge Amarfil y la escribana Graciela Pontoriero, titular del Registro Notarial 26, fueron denunciados por una integrante de la comunidad huarpe Las Chacras.