El fiscal federal Federico Delgado pidió enviar a juicio oral y público al detenido exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y a su presunto testaferro, Manuel Vázquez, en la causa por la compra multimillonaria de vagones y repuestos inutilizables a España y Portugal para el ferrocarril Belgrano. Ambos están procesados y con prisión preventiva por esta causa.
"Pensaron una estafa y la ejecutaron. Armaron un escenario que permitió generar pagos ilegales desde el Estado Nacional", indicó Delgado en el dictamen entregado al juez federal Julián Ercolini. El magistrado dio por concluida la investigación y, una vez finalizada la instrucción, les pregunta a las partes si están de acuerdo con que el caso sea elevado a juicio. Cuando las partes le contestan, el juez resuelve.
Esta es la causa penal por la cual Jaime quedó preso el 2 de abril del año pasado, por decisión de Ercolini, y en la que Vázquez también fue detenido y cumple prisión domiciliaria. En el caso se investiga la multimillonaria compra de repuestos y vagones usados a España y Portugal en el 2005, destinados al ferrocarril Belgrano, en la que más de la mitad del material que llegó al país estaba inservible y fue abandonado como chatarra.
"Hubo coimas. ¿Y cómo lo hicieron? A través de un pacto ilegal, mediante el que decidieron comprar chatarra como si fuera buena y facturar sumas exorbitantes a empresas amigas en conceptos de "asesoramiento técnico" que, en realidad, ocultaban sobornos", dijo Delgado en su pedido, en el que además reclamó que la Procuración General del Tesoro "evalúe iniciar las acciones legales de recuperación" de activos en función de la defraudación al Estado Nacional por la operación.
En ese sentido argumentó que la compra de vagones fue "en pésimas condiciones, inútil para cumplir con los fines del Plan Nacional de Reorganización, Recuperación y Modernización del Ferrocarril y, en consecuencia, que se había comprometido abusivamente el patrimonio del Estado Nacional".
"En relación a los contratos suscriptos con Portugal, tampoco se incluyeron en el estudio de los pagos realizados los gastos de fletes y seguros de transporte que incidieron entre un 30 a un 50% en el precio final de los coches adquiridos", agregó."El 44 por ciento del material rodante adquirido se encontraba fuera de servicio, deteriorado, sin que se hubieran realizado las tareas de reparación necesarias para su uso", dijo el fiscal en base al informe Auditoría General de la Nación.