El fiscal federal de la ciudad de Resistencia, Patricio Sabadini, solicitó ayer a la jueza Zunilda Niremperger la detención y desafuero de la diputada nacional y exintendente Aída Ayala (Cambiemos) en una causa en la que se la investiga por presunto lavado de dinero, evasión tributaria, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
Así lo consignaron fuentes judiciales, que detallaron que, ahora, el pedido del fiscal debe ser analizado por la magistrada. Además, indicaron que el pedido de desafuero y detención de la actual legisladora y exintendente de la ciudad de Resistencia (Chaco) se funda en las pruebas reunidas en el marco de la investigación, en la que se indaga el presunto delito de lavado de dinero agravado por habitualidad y por el hecho de ser funcionario público.
De hecho, entre otros delitos que se le imputan a la actual diputada nacional oficialista se cuentan los de presuntas negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de autor, asociación ilícita en calidad de autor, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público. En la causa se investiga la contratación de la empresa PIMP SA, que presta servicios de recolección de residuos en la capital chaqueña, que fue suscripta por la actual diputada en 2014. Según publicaciones periodísticas, PIMP SA es una empresa cuyas socias son la mujer y la madre de Alejandro Fischer, jefe de campaña de la radical Ayala y expareja de la hija de la intendenta. Según el Centro de Estudios Nelson Mandela, el municipio de Resistencia concedió un negocio de 518 millones de pesos a PIMP SA. Ayala fue funcionaria del Gabinete nacional y se la vincula a la diputada oficialista Elisa Carrió.
La exintendente es señalada como la candidata con la que el presidente Mauricio Macri le quiere pelear la gobernación de la provincia al Partido Justicialista el año próximo, según publicaciones periodísticas. En un comunicado, Ayala señaló ayer que está “a disposición de la Justicia”.
Fuente: Télam