El lunes, la vicepresidenta Cristina Fernández habló sobre los planes sociales y dijo que no pueden seguir ‘tercerizados’ por las organizaciones sociales. En un duro discurso, que abrió un amplio abanico de opiniones en todo el país, insistió en que el Gobierno Nacional debe ‘recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales’. En este contexto, Romina Albarracín, articuladora del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en San Juan, dijo que en la provincia hay más de 13.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo (popularmente conocidos como planes sociales) y admitió que ‘es muy difícil el manejo y que hay hacer controles’, pues ellos saben que hay manipulación de muchas organizaciones sociales que cobran o extorsionan a los beneficiarios locales. Por su parte, desde el Movimiento Evita y Barrios de Pie se mostraron molestos por los dichos de la expresidenta y dijeron que ellos ‘no lucran’ con la pobreza de las personas.
Para explicar el manejo de los planes sociales, Albarracín comentó que en San Juan hay unos 13.500 beneficiarios que son manejados por las Unidades de Gestión, que son el Ministerio de Desarrollo Humano y organizaciones sociales, ONG o fundaciones. De ese total unos 3.500 beneficios están en manos de Desarrollo Humano y el resto por organizaciones que tiene bases nacionales. Esto, porque Desarrollo Social de la Nación y las organizaciones distribuyen los planes y ‘abren bocas’ en las provincias.
‘Las organizaciones deben garantizar un empleo. Tienen que tener unidades de producción para que cada titular del programa trabaje. En San Juan hay quienes hasta tienen sus propias ferias en donde venden lo que producen. Sin embargo, hay otras organizaciones que reciben a la gente, cobran el programa y cuando queremos acordar los tenemos acá en la puerta manifestándose. Es decir, que hay organizaciones que entienden su trabajo y otras que entienden a conveniencia y es ahí cuando vienen el destrato o el maltrato a los beneficiarios’, dijo Albarracín y resaltó en numerosas oportunidades que no se les debe cobrar dinero a las personas para que reciban el beneficio.
‘No pueden cobrar nada. Sabemos que normalmente hay presión, amenazas, pedido de dinero o de que asistan a las marchas para no estar en la lista roja. Nosotros pedimos que denuncien porque es un delito. Cada beneficiario es el titular del programa, no la organización’, agregó y resaltó que en coincidencia con lo que dijo CFK el control debe ser más duro. ‘Lo que se busca es coordinar el trabajo con las organizaciones sociales. No podemos desconocer que existen y vamos a tener que recuperar el control del Estado, porque tenemos que lograr que a la gente le llegue la herramienta del Ministerio en tiempo y en forma, sin que les cobre una cuota, por ejemplo’, concluyó y agregó que hay formas de que la gente cambie su unidad de gestión. Es decir, la organización que maneja su beneficio.
Ante esto, desde el Movimiento Evita y Barrios de Pie dijeron que ellos saben que hay grupos que trabajan de manera desleal con estos planes sociales. Sin embargo, ambos, a pesar de comulgar ideas políticas diferentes, coincidieron al decir que ellos no son los responsables de la gran cantidad de planes sociales que hay distribuidos en todo el país, ni de la situación económica. ‘Amo a Cristina, pero se fue del tema. Dijo que a los punteros nos tienen que bajar los planes, pero las organizaciones o los pobres no son los culpables de que el país esté como está’, dijo David Domínguez, referente del Movimiento Evita, mientras que Daniel Ochoa, de Barrios de Pie, agregó: ‘El Estado siempre tuvo la facultad de controlar a quiénes le entrega los proyectos ¿Por qué no lo hicieron? Sólo lo hacen para las que no somos oficialistas. Ahora resulta que nosotros, que no definimos políticas sociales ni económicas, nos tenemos que hacer cargo de cómo está el país’.
FRASES
Romina Albarracín – Articuladora del CDR
- "Tenemos que hacer un ajuste en los controles, pero no es un trabajo fácil. Estamos en contacto con los titulares, pero cuesta que la gente denuncie las situaciones irregulares. Muchas veces viven en el mismo barrio que las presiona".
- "A nosotros no nos gusta que se hable de planes sociales sino de titulares del programa. En San Juan unas 15 personas consultan para cambiar de unidad de gestión. Ese trámite es personal, pero nosotros ayudamos en caso de que lo necesiten".