La investigación por determinar si hubo una maniobra delictiva en la venta de dos plazas del Barrio Foeva, en Rivadavia, se abrió ayer formalmente y el juez Benito Ortiz ya tomó las primeras medidas. En primer lugar encabezó una inspección ocular en los terrenos, notificó al Registro Inmobiliario que los mismos se encuentran bajo conflicto judicial y ordenó que el municipio que conduce Fabián Martín se encargue del cuidado de uno de los espacios verdes. El otro se encuentra cerrado por quien presentó el título de propiedad, Juan Carlos Lirio, pero no quedará descuidado. Fuentes judiciales explicaron que el juez dispondrá en el transcurso de la semana que viene alguna acción para que el inmueble no se toque hasta que se resuelva la disputa. Es que en el lugar se estaban haciendo excavaciones para levantar un emprendimiento inmobiliario.
La situación es insólita. Los terrenos, de 1.600 y 3.261 metros cuadrados, estaban reservados desde 1973 al dominio del municipio para lo que se denomina equipamiento, es decir, la construcción de una escuela, un puesto policial o un centro de salud, por ejemplo. Con el paso del tiempo se convirtieron en plazas, las que fueron mantenidas por las distintas gestiones comunales, por lo que en la práctica estuvieron bajo la órbita departamental. Y sin embargo, terminaron en manos privadas y una de ellas fue cerrada.
El ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, radicó la denuncia tras hacerse eco del reclamo de los vecinos y las fiscales Ana Lía Larrea y Claudia Salica dieron el paso clave en la causa al pedir que se abra la investigación y solicitar una batería de medidas. La primera de ellas fue una inspección ocular sobre la zona, de la que participaron el magistrado, las agentes del Ministerio Público, personal del Ministerio de Gobierno, de la Dirección de Planeamiento y de la municipalidad. El magistrado confirmó que ya está registrado que ambas plazas, la de 1.600 m2 llamada Fracción C y la de 3.261 m2 denominada Fracción A, están bajo un conflicto judicial. Y que ordenó que la comuna se encargue del cuidado y la limpieza de la primera. Sobre la segunda, que está con un vallado, prefirió no adelantar medidas, pero fuentes calificadas indicaron que la semana que viene ejecutará alguna acción para que no se modifique por el momento las condiciones del espacio verde.
Las fiscales habían pedido una serie de indagatorias, pero Ortiz dijo que una vez que reúna las pruebas evaluará a quién interrogará. Bajo la lupa está el gremio Foeva, quien fue el que encaró la construcción del barrio. En la denuncia, Baistrocchi señaló que el sindicato "ha violado la obligación impuesta por el Código de Edificación al transferir por donación los espacios ya reservados y comprometidos para equipamiento a la municipalidad de Rivadavia". Y en ese marco, el que está en la mira es Blasco Novaro, secretario de Finanzas, ya que, según se desprende de un acta nacional de 2009, era el encargado de realizar los trámites de donación a la comuna de la plaza llamada Fracción A. Sin embargo, el proceso nunca se concretó. De hecho, ese inmueble fue cedido como pago a Ivana Paola Oliver Balaguer por servicios que habría prestado. Y lo mismo sucedió con la otra plaza. Y en la Justicia también ven como sospechosa la posterior transacción. Es que la plaza (Fracción C) fue vendida en 2017 a Lirio por tan sólo 300 mil pesos. Y el espacio verde (Fracción A) fue comercializado en 700 mil pesos, explicaron fuentes ligadas al caso. Los que lo adquirieron fueron Sergio Irimia Cadenas, Adrián y Gabriel Nassimof y Daniel Quiroga.
Indignados
Fueron los vecinos quienes alertaron al gobernador Sergio Uñac y al ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, sobre el hecho de que una plaza de más de 40 años se encontraba ahora en manos privadas. Durante la inspección ocular, algunos de ellos acompañaron a los funcionarios judiciales y resaltaron su indignación.
Monto
1 Es el millón de pesos que terminaron costando los dos terrenos del Barrio Foeva, en Rivadavia. Son dos plazas, cuyas transferencias están en la mira.