En Fiscalía de Estado no salen del asombro. Una pericia contable arrojó que trabajos pendientes por tres baños con sus conexiones cloacales en el predio del Hospital Rawson y unas tareas de refacción en una escuela le significarían 93 millones de pesos a las arcas provinciales. El monto es el que se tiene que definir en una demanda que hizo la empresa que encaró esas obras en la década del "90 y que no le terminaron de pagar. En el organismo que defiende el patrimonio local señalaron que la cifra es excesiva, teniendo en cuenta que la compañía que hizo la presentación pidió 2,5 millones de pesos en 2008. Desde esa fecha a la actualidad, el cálculo de la contadora representa una suba del 3.500 por ciento. Por ese motivo, el fiscal de Estado, Jorge Alvo, presentó un escrito para que la profesional explique y dé detalles de cómo llegó a semejante valor. Pero no es lo único, ya que hizo reserva de la posibilidad de radicar una denuncia ante la presencia de alguna maniobra delictiva.
La profesional que realizó la pericia contable fue Patricia Alday, hermana del abogado Horacio Alday, indicaron fuentes calificadas. Este último está procesado en la megacausa de las expropiaciones, en la que la Justicia investiga una presunta red de exjueces, abogados y funcionarios que supuestamente se quedaban con dinero del Estado al inflar los terrenos que este expropiaba. La contadora se encuentra por presentar el informe completo. A su vez, desde Fiscalía de Estado dijeron además que han encargado una valuación oficial para aportar en la causa que ya tiene sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo.
La jueza Adriana Tettamanti había condenado a la provincia a pagarle una suma a la empresa Ivaco SRL por las tareas que había realizado y no le cancelaron hace más de 20 años. Así, la magistrada dispuso que la perito hiciera la liquidación en la etapa de ejecución y fue ahí donde saltó la cifra de la discordia. Alvo prefirió la cautela, pero dijo que se vio sorprendido ante el cálculo de 93 millones de pesos a la que arribó la profesional. En 2008, la empresa había indicado que el Estado le debía 2.532.586 pesos más IVA.
Todo se desencadenó en 1994. El entonces gobierno justicialista contrató a Ivaco para realizar tres baños, con sus cloacas exteriores, en el servicio de Pediatría del Hospital Rawson por 125.082 pesos y la ampliación de la escuela Florencia Nightingale de 25 de Mayo por 174.048 pesos. Las tareas se fueron ejecutando y abonando, pero la provincia comenzó a retrasarse en los desembolsos. Así fue que al año siguiente se paralizaron los trabajos frente a la suspensión de los pagos de los certificados de obras. De esa manera se generó un saldo en rojo, con sus respectivos intereses, y el Ejecutivo de entonces decidió incluirlo en las leyes de consolidación de deuda, que contemplaba las obligaciones desde 1991 a 1994. Por eso, le abonó los certificados de obra a la empresa con títulos públicos. Sin embargo, para los demandantes esa movida les significó un perjuicio y resaltaron que los certificados no debieron ser incorporados en la consolidación, ya que la deuda se había originado después de 1994. Además, indicaron que la liquidación de los intereses por el retraso del Estado se aplicó a una tasa diferente a la que le hubiera correspondido si se hubiese aplicado la ley de obras públicas.
Fiscalía de Estado dio pelea, pero la jueza le hizo lugar a la demanda de Ivaco y su sentencia quedó firme. Ahora, la disputa es por el monto que fijó la perito.
Puja
Instancias
Los representantes de la empresa Ivaco acudieron a todas las instancias en sede administrativa para que no les pagaran con títulos de consolidación de deuda. No tuvieron eco y recurrieron a la vía judicial. El primer fallo fue en 2015.