Un suboficial de la Policía y su esposa se sentarán en los próximos días ante un juez y ahí conocerán, en detalle, porqué un fiscal de la UFI de Delitos Especiales pedirá que queden imputados por el delito de estafa con casas del IPV (Instituto Provincial de la Vivienda). Según fuentes de la investigación, el fiscal Francisco Micheltorena y su equipo de colaboradores, sospechan que ambos fueron cómplices del principal imputado, el excontratado del organismo oficial, Eduardo Maximiliano Varela (28), en dos de los 20 fraudes que se le atribuyen a este joven que, entre agosto de 2018 y septiembre de 2021, trabajó en el área Adjudicaciones del IPV.
Estafas reiteradas y exacciones ilegales fueron los delitos que le enrostraron a Varela, quien apareció como la cara visible de la maniobra. De las denuncias en su contra se desprendió que hacía caer a sus víctimas con el cuento de que había viviendas de tres barrios (el Conjunto XI de Pocito, el Stotac de Rawson y el Remanso de Santa Lucía) que no habían entrado al sistema de sorteo y estaban a disposición del IPV para su venta.
Así, les pedía sumas de entre $35.000 y $160.000 a numerosos incautos que no dudaron en entregar ese dinero a cambio de carpetas que nunca vieron. Según esos damnificados, Varela les decía que esa plata "era para el jefe" y recibía esos dineros incluso en el Centro Cívico.
Cuando el director del IPV, Marcelo Yornet, supo de esas maniobras denunció el caso. Y Varela fue detenido el 27 de enero pasado. Un juez entonces le impuso prisión preventiva por cuatro meses, pero la defensa del joven apeló y consiguió la excarcelación.
En los próximos días, Varela también se sentará en el banquillo para conocer los dos casos de fraude que se les endilgan al policía Adrián Joel Sánchez y a su esposa Agostina García. Informalmente, ambos habrían dicho que también fueron víctimas de Varela, pero existen en su contra pruebas de que mantuvieron con él intercambios de dinero provenientes de los denunciantes, indicaron fuentes judiciales.