El Gobierno, la CGT y la Unión Industrial acordaron extender el mecanismo pactado de suspensiones masivas contra el pago del 75% de los salarios netos que debía vencer este mes. Las partes suscribirán un nuevo entendimiento que podrá ser por el tiempo de duración de la cuarentena o como mínimo por otros dos meses, como sucedió con el documento original. Así lo anticiparon los negociadores del pacto a Ámbito.
El convenio marco había tenido su origen en una iniciativa de la central obrera para atender la situación de facto de empresas y sectores económicos que habían alegado imposibilidad de afrontar la liquidación de la nómina de sueldos en su totalidad producto de la parálisis de buena parte de la actividad a partir de las normas que implantaron el aislamiento social, preventivo y obligatorio. El instrumento fue ideado para facilitar las suspensiones que en lo formal se encontraban prohibidas junto con los despidos por un decreto de necesidad y urgencia de Alberto Fernández.
El acuerdo de partes entre sindicalistas y empresarios había logrado estatus de normativa con la firma de a resolución 397/2020 que lo convalidaba por parte de los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. La extensión de ese entendimiento tendrá una vez más el aval de los funcionarios, explicaron en CGT. El mecanismo sirvió de base para acuerdos sectoriales de licenciamientos masivos como los que firmaron con sus cámaras empresarias los gremios de Comercio, gastronómicos (Uthgra) y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), entre otros.
El sostén legislativo de todos los acuerdos es el artículo 223 bis de la ley de Contrato de Trabajo que permite la realización de suspensiones contra el pago de salarios reducidos y mediante montos no remunerativos por razones no inculpables a los empresarios. El acuerdo UIA-CGT mereció algunas objeciones como la del camionero Hugo Moyano, que presentó un escrito ante el Ministerio de Trabajo para informar que en su actividad no estaba dispuesto a firmar un esquema de suspensiones y que rechazaba el convenio marco, y hasta denuncias judiciales por parte de trabajadores afectados.