El represor Jorge Antonio Olivera carga con dos condenas a prisión perpetua por ser el jefe de la represión ilegal en la última dictadura, aunque había conseguido la detención domiciliaria. Además de ese beneficio, viene solicitando la autorización para salir de su casa con el fin de hacer ejercicio por recomendación médica, lo que en la Justicia Federal le vienen rechazando. Ahora, en uno de esos planteos, salió a la luz que el militar retirado adulteró un certificado médico, lo que desencadenó que el fiscal General Francisco Maldonado pidiera que se le revoque el régimen del que goza y el Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) de San Juan ordenara el viernes que vuelva a la cárcel. Además, el juez Daniel Doffo y su colega Carolina Pereira dispusieron, tras el pedido del representante del Ministerio Público, que las actuaciones pasen al Juzgado Federal Nº 2 para que se investigue un hecho delictivo.
Olivera no fue cualquier engranaje en el aparato represivo en San Juan, sino que fue el jefe de Inteligencia del RIM 22 y uno de los que impartió las órdenes para que se llevaran adelante detenciones, secuestros, torturas, privaciones ilegales de la libertad y desapariciones contra militantes políticos, sindicales, estudiantiles y de la organización Montoneros. Además, cuenta con un historial de diversas maniobras para eludir la Justicia. En 2000, fue detenido en Italia por la desaparición de la joven francesa Marie Anne Erize, pero burló a la Justicia de ese país tras la presentación de un documento falso.
El 25 de julio de 2013, a días de haber recibido su primer castigo, se fugó con Gustavo De Marchi del Hospital Militar Cosme Argerich, al que había sido trasladado por supuestas dolencias (ver recuadro).
Ahora, el fiscal General expuso que el represor, a través del defensor Oficial, Esteban Chervin, había pedido el 23 de diciembre de 2021 salir de su hogar para realizar actividad física, en base a un certificado del médico Mario Caponnetto, el cual había sido expedido el 6 de diciembre de ese año. Maldonado y el Tribunal le denegaron el planteo. El 21 de diciembre del año siguiente, Chervin volvió a solicitar el mismo permiso para el represor, con el que acompañó un certificado idéntico de Caponnetto, salvo que no figuraba ninguna fecha en la que fue confeccionado. Además de que resaltó que se trataba de una copia del anterior, el Tribunal detectó que el documento no contaba "con fecha cierta o datada", por lo que denegó el planteo sin sustanciación.
Fue como la punta del ovillo, dado que el Tribunal agregó documentación, la que señalaba que el médico había reconocido que sólo emitió el certificado de 2021, a pesar de que revisó clínicamente a Olivera en ocasiones posteriores. Por eso, el fiscal sostuvo que el militar retirado solicitó el permiso para salir "basándose en un documento adulterado (el certificado presentado en 2022, en el que se había borrado la fecha), con el que "intentó burlar la investidura del Tribunal y Ministerio Público Fiscal", por lo que demostró, "una vez más, el poco apego al sistema de justicia".
El juez Daniel Doffo y su par Carolina Pereira calificaron la maniobra de Olivera como "grave" e "irregular", que "implica el quebrantamiento de una de las condiciones impuestas expresamente bajo apercibimiento de revocación del arresto domiciliario concedido". Así, señalaron que, "mediante un ardid, que consistió en la presentación de una copia de certificado médico con fecha cierta suprimida, desplegó una conducta indebida a fin de obtener una autorización para salir del domicilio de manera periódica". Por su parte, la magistrada Eliana Rattá votó en disidencia. Así, por mayoría, el Tribunal ordenó que la Policía Federal traslade al represor a la Unidad 34 – Instituto Penal Federal de Campo de Mayo. Además, los jueces criticaron los argumentos esgrimidos por el defensor Oficial (ver recuadro). Como resultado de la maniobra, Olivera vuelve a la cárcel.
Condena
Jorge Olivera fue condenado a perpetua el 3 de julio de 2013 y, luego, el 22 de octubre de 2018, en el primer y segundo megajuicio por delitos de lesa humanidad celebrados en San Juan. Ahora, el fiscal Dante Vega pidió el mismo castigo para el represor en el tercer megajuicio, el cual está transitando en la actualidad la etapa final.
Críticas al defensor Oficial
El juez Doffo y su colega Pereira indicaron que "llama la atención que el defensor Público Oficial pretenda poner en cabeza de este Tribunal la responsabilidad (…) por no haber solicitado a Olivera que subsane la supresión de fecha cierta de la copia del certificado médico acompañado". Así, señalaron que Chervin "debió realizar un mínimo control previo de los elementos que aportaba al Tribunal para solicitar el permiso de salida de su pupilo y no convertirse en un mero correo postal de documentación posiblemente adulterada". Además, no coincidieron cuando el defensor "indica que no hubo cambio en el sentido buscado con el certificado presentado, constituyendo una simple insistencia para cumplir con la prescripción médica de realizar actividad física, ya que es innegable que los certificados presentados no eran idénticos variando en que el último de los acompañados (el de diciembre de 2022) tiene la fecha cierta suprimida, en búsqueda de otorgarle actualidad".
Los antecedentes
En 2000, Olivera viajó a Italia y quedó detenido por la desaparición de la joven francesa Marie Anne Erize, tras un pedido de la Justicia de Francia. Sin embargo, jueces italianos lo liberaron a los 43 días, luego de que sus defensores presentaran un documento que indicaba la supuesta fecha de fallecimiento de Erize, por lo que los magistrados entendieron que el delito estaba prescripto. La movida resultó un escándalo, dado que familiares de la joven y organizaciones de derechos humanos aseguraron que se trataba de un certificado apócrifo. Además, el represor se fugó con Gustavo De Marchi el 25 de julio de 2013, a 22 días de haber sido condenado a perpetua en San Juan. Recién fue recapturado el 30 de enero de 2017, en la casa de su esposa, Marta Ravasi, mientras estaba oculto en el baúl de un auto. La mujer había sido señalada como una supuesta colaboradora del escape del hospital Argerich, al que había sido trasladado desde el Penal de Chimbas.