El vecino de Capital que hizo un reclamo para que la Municipalidad retire de un predio oficinas del Eco recibió un revés judicial. Es que la jueza del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, no le hizo lugar a la medida cautelar con la que buscaba que el estado de la esquina de calle Las Heras y Avenida Ignacio de la Roza se retrotraiga a su estado anterior al 2 de junio de 2012, es decir, que se levantara la dependencia del Eco. La negativa se dio porque la decisión que cuestionó el vecino, una resolución del Juzgado de Faltas de la ciudad que le impuso una multa y le ordenó que se retire del predio, ya se cumplió, por lo que el planteo quedó en abstracto. Además, pasaron cinco meses desde que se le impuso la desocupación del inmueble hasta que pidió no ser apartado del mismo, cuando ya se había ido del lugar. Y que el cuestionamiento que le había hecho a la comuna de que no es la titular del terreno carece de legitimidad porque, en otro expediente, que se tramitó en el mismo juzgado, dicho planteo no había prosperado
Tras el rechazo de la cautelar, ahora debe comenzar el juicio que planteó el vecino en el Contencioso Administrativo. De esa manera, si al resolver la cuestión de fondo, la jueza determina que el Juzgado de Faltas de la Capital emitió una resolución errónea, podrá darle la razón al vecino y, en definitiva, que este dé un paso más para quedarse con ese predio.
La causa por el inmueble ubicado sobre Avenida Ignacio de la Roza, entre Las Heras y Suipacha, lleva ocho años en trámite. Recién en 2018, la Corte de Justicia definió que el Contencioso Administrativo lleve adelante el expediente.
El predio en disputa es importante para la Capital porque hoy están las oficinas del Eco y el lugar forma parte del proyecto del intendente Emilio Baistrocchi de un Polo Gastronómico Cultural que quede integrado con la Plaza y el Teatro del Bicentenario. La familia Videla es la única que ha hecho un reclamo ante la Justicia por el inmueble porque entiende que, gracias a dos resoluciones nacionales, tienen derechos posesorios sobre el terreno. De hecho, el abogado Dante Robles había indicado que su cliente "pagó cuotas, formalizó el boleto compra-venta y lo que nunca se terminó fue el trámite de escrituración".
El conflicto escaló cuando en 2010, por una resolución nacional que dispuso el traspaso de los predios ferroviarios a las comunas, la Dirección de Catastro emitió una resolución en la que confirmó que los terrenos pertenecen al municipio, por lo que el Juzgado de Faltas de la Ciudad multó al vecino y ordenó su desalojo, lo que se produjo.