Los dos jueces de Paz de Capital que hicieron punta en el reclamo salarial al Estado porque entendían que la Corte de Justicia les estaba liquidando mal el sueldo sufrieron un revés justamente en instancia judicial. Es que los magistrados no culminaron el proceso administrativo ante la Corte, lo que es necesario para poder iniciar la demanda. Lo llamativo es que se trata de jueces que no cumplieron con un trámite formal que era clave y que sabían que tenían que plasmarlo y aun así, no lo hicieron, explicaron fuentes judiciales. Por eso, Adriana Tettamanti, del Juzgado Contencioso Administrativo, les rechazó el planteo y ni si quiera analizó la cuestión de fondo, esto es, determinar si tenían o no razón en su pedido.
Quienes recibieron el fallo en contra fueron Gerardo Zuliani, titular del Séptimo Juzgado de Paz de Capital, y su par del Quinto Zulma Brizuela. En la misma condición estaba Stella Rodríguez, del Segundo Juzgado de Capital, quien, según indicaron fuentes judiciales, desestimó el reclamo en el medio del proceso judicial.
Los magistrados iniciaron de manera individual las acciones en 2016, luego de que la Sala Tercera de Superintendencia de la Corte les rechazara en 2015 el planteo de subir sus sueldos y equipararlos a los de los fiscales de primera instancia. Los jueces se quedaron con esa primera respuesta negativa y no agotaron la vía administrativa con un recurso de reconsideración ante el máximo tribunal, tal cual lo exige el Código Procesal Civil de la provincia.
Los magistrados habían basado su reclamo en el artículo 203 de la Constitución local, que contempla que el sueldo de los jueces de Paz se definirá en la ley Orgánica de Tribunales, la que a su vez establece en su artículo 83 que ganarán lo mismo que un fiscal de primera instancia. Los haberes de estos funcionarios estuvieron equiparados durante décadas, hasta que en 2006, la Corte igualó salarialmente a los fiscales con los jueces de primera instancia de los otros fueros, medida que el máximo tribunal no replicó para el fuero de Paz, por lo que los ingresos de esos magistrados quedaron más abajo. En su negativa, el máximo tribunal les había indicado que su reclamo no era procedente, ya que la normativa a la que hacían referencia, el artículo 83, había sido derogada con la ley de Presupuesto.
Si bien en cada una de las presentaciones ninguno de los jueces especificó el monto que pretendían que se les ajustara, sí sostuvieron que el mismo debía ser retroactivo al año que comenzaron a ver plasmada la diferencia, sumado los intereses por el paso del tiempo, por el que el cálculo final era millonario, sostuvieron las fuentes. En el caso de Zuliani, la determinación debía hacerse desde 2012, año en que juró como magistrado, mientras que para Brizuela desde 2006, ya que fue nombrada con anterioridad, en 1988 en el juzgado de Valle Fértil.
La movida judicial que iniciaron los jueces de Paz tomó vuelo entre sus pares, al punto que el año pasado tres magistrados se sumaron al reclamo e hicieron presentaciones similares ante el Juzgado Contencioso Administrativo. Fueron los casos de Alejandra Dománico, del Cuarto Juzgado de Paz de Capital; Beatriz Gallo, de Ullum, y Marcos Quiroga, de Iglesia. Las fuentes indicaron que si las tres últimas presentaciones tienen la misma falta (no haber terminado la vía administrativa antes de iniciar el juicio) recibirán la misma negativa. Por lo pronto, los fallos dictados por Tettamanti pueden ser apelados al tribunal de alzada, en este caso, la Sala IV de la Cámara Civil.