La reforma laboral no se debatirá en febrero. El Gobierno está convencido de que “no hay ánimos” para forzar la aprobación de la propuesta legislativa. Si bien aún está en el listado de temas que el presidente Mauricio Macri evalúa poner en el decreto con el que convocará al Congreso a sesiones extraordinarias, lo cierto es que el proyecto de ley quedará para después de marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias.
La sanción de la reforma previsional tuvo un altísimo costo interno, pero también en la relación con los bloques parlamentarios más cercanos a las necesidades del Gobierno. La única forma de “salvar” la reforma laboral es si la CGT, que participó en la redacción final del proyecto que está en el Parlamento y luego se despegó, realiza una defensa de la propuesta que impulsa el oficialismo. Anteayer, Héctor Daer, uno de los jefes cegetistas, dijo que los gremios no traccionarán la iniciativa.
“Necesitamos un nivel de consenso que sea explícito, mucho mayor al que tenemos hoy”, dijeron fuentes de la Casa Rosada.
También quedó descartada la posibilidad de dividir la iniciativa, algo que pretendían las principales espadas legislativas de Cambiemos. Desde el oficialismo en el Congreso aconsejaron subdividirla para aprobar algunos puntos sobre los cuales no hay discusión, como los planes para favorecer el blanqueo de trabajadores informales o beneficios como extender licencias por paternidad. Pero esta opción fue descartada por la sencilla razón de que la oposición solo avalaría los puntos que le son beneficiosos y el resto de la reforma no se trataría nunca más.
Desde el Gobierno buscan evitar mayores costos para el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el jefe del bloque de los senadores peronistas, Miguel Ángel Pichetto. Dos protagonistas fundamentales de la saga que terminó con la aprobación de la reforma previsional, cuando fuera del recinto, en la calle, miles de personas se manifestaban contra la ley.
Otro de los argumentos para enfriar la norma, que incluye la reducción del tiempo para demandar al empleador (pasará de dos años a tan solo uno de plazo) y la exclusión de las horas extras en el cálculo de las indemnizaciones en caso de despido, era evitar forzar aún más el vínculo con los gobernadores, sobre todo con los dialoguistas que “dieron una mano” para alcanzar la nueva ley previsional.
“Necesitamos armar acuerdos parlamentarios que no impliquen acuerdos de gobernabilidad con los mandatarios provinciales”, describieron fuentes oficiales.
El ida y vuelta de los gremialistas no será gratis, avisaron desde la Casa Rosada. “La relación se va a endurecer”, dijo una altísima fuente al tanto de las negociaciones. Si bien en el Gobierno identifican a Hugo y Pablo Moyano como los líderes de la resistencia, el enojo es con los jefes de la central obrera, Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, quienes ya habían dado el visto bueno.
“El núcleo fuerte tiene que aislar a Moyano. Es un tema de ellos”, aseguraron fuentes oficiales.
En el Gobierno confían en que los nuevos plazos para la negociación ayudarán a generar un mejor marco y que se colaborará con el proceso de unificación que lleva adelante la CGT.
Parte de esto hablará el Presidente con sus invitados en Villa La Angostura, donde pasa sus vacaciones. Mañana, por ejemplo, recibirá al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y a los tres gobernadores patagónicos Alberto Weretilneck (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Mariano Arcioni (Chubut).
Si bien hablarán de la problemática que hay en la región por los ataques de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche, según se pudo saber, también debatirán sobre política. Ahí estará presente el tema de la reforma laboral. Pasado mañana, en tanto, Macri recibirá al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a su segundo, Diego Santilli. Y un día después a la gobernadora María Eugenia Vidal.
En el Gobierno aún curan sus heridas tras la aprobación de la reforma previsional. El problema está centrado en la Cámara de Diputados, donde los liderazgos y las lealtades son más difusos.
“Aún no hay plena conciencia en el Gobierno de lo que significó la aprobación para el Congreso. Los acuerdos todavía no están aceitados. ¿Esto significa que la ley no sale? Todavía puede salir, pero es muy difícil”, reconocieron cerca de Macri.