Frente al peligro de no poder pagar las boletas de la luz y que los vecinos de varios departamentos se queden sin el servicio de agua potable, la Federación de Uniones Vecinales Distribuidoras de Agua Potable (FUVAP) había planteado al Ente Provincial Regulador de la Electricidad un pedido de ayuda consistente en un subsidio para hacer frente a las facturas o que se prorrogara el pago del 50% del costo de los consumos por 6 meses. Pero desde el ente de control respondieron que el organismo "no tiene competencias ni facultades" para instrumentar ninguna de las dos solicitudes. Frente a esta situación, desde la entidad dijeron que ahora van a acudir a la Cámara de Diputados para que el cuerpo disponga un "subsidio tarifario" que ayude a solucionar el problema.
Lo que está en juego es el servicio de agua potable para unas 90.000 personas que reciben el servicio que administran 30 vecinales ubicadas en 17 de los 19 departamentos de la provincia. Y que se han visto afectadas por las constantes subas en las boletas de la luz, al punto que Sergio Zavala, presidente de la FUVAP, y que encabeza la Unión Vecinal Chimbas Norte, con unos 6.500 usuarios, señaló que en su caso la última factura del servicio les llegó a 303.080 pesos, casi el doble que la anterior. Y que como ese caso están la mayoría de las instituciones de la provincia. Los altos montos se deben a que las entidades tienen perforaciones subterráneas y por eso el agua la tienen que sacar con electrobombas.
Explicó que si bien el costo de la electricidad es el principal gasto al que deben hacer frente, también tienen otras obligaciones como el pago de sueldos del personal, los insumos para potabilizar el agua y el mantenimiento del sistema. "En vez de darnos tantos consejos nos podrían dar una ayuda", dijo Zavala molesto.
Es que entre la serie de acciones que emprendieron, acudieron a la Defensoría del Pueblo, que recomendó al EPRE que "adopte los mecanismos administrativos, contables y técnicos que tiendan al diferimiento y prórroga de la fecha de vencimiento y vigencia de las facturas". Y ahora fue el propio organismo de control el que sostuvo no puede dar ninguna ayuda sino que, en cambio, sugirió que las vecinales instrumenten un sistema de prorrateo del costo de las boletas para que entre todos los asociados hagan frente al pago.
Como argumento adicional, el EPRE sostuvo que del total del costo de la boleta, sólo una parte, que es la distribución, que representa el 20% del total, es fijado por el organismo mediante el sistema de audiencias públicas. Y que el resto del valor, que es el precio de la energía y el transporte, corresponden al Estado Nacional. En lo que respecta al componente local tuvo desde enero del 2016 a julio del 2019 una variación del 234%. Mientras que los otros dos ítems, en el mismo período, experimentaron una variación del 2.128%. Por eso es que desde el ente también le recomendaron a la FUVAP que haga el reclamo ante las autoridades nacionales para que brinden la solución que corresponda.
Ahora, los integrantes de la federación quieren que sean los diputados los que aporten una ayuda. Y por eso van a insistir con que el cuerpo saque una ley para instrumentar "un subsidio al consumo de energía eléctrica".
"Así como se dio una ayuda a Energía San Juan, ahora también queremos que haya un aporte para nosotros", dijo Zavala. Hacía referencia a la ley aprobada por Diputados mediante la cual la Provincia accedió a un crédito por 1.900 millones de pesos para saldar la deuda que la empresa distribuidora mantenía con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).
Entidades
30 Son las uniones vecinales en la provincia que administran el servicio de agua potable para unos 90.000 vecinos. Están repartidas en 17 de los 19 departamentos.
El antecedente de Allende
No es la primera vez que el EPRE recibe pedidos de ayuda para hacer frente al pago de las boletas de la luz. La semana pasada, el diputado nacional del PJ, Walberto Allende, acudió al organismo para transmitir la situación "preocupante" de usuarios eléctricos particulares -sobre todo de departamentos alejados-, de instituciones, la industria y comercios, debido a las facturas eléctricas cada vez más caras que estaban recibiendo. Y solicitó mecanismos para morigerar las tarifas. No obstante, no tuvo resultados ya que en el organismo le transmitieron la dificultad para acceder al pedido localmente, porque tal como se viene repitiendo desde el EPRE hace un tiempo, las mayores subas de tarifas de luz son de competencia nacional y no de la provincia. Incluso un informe oficial del Ente publicado por este diario en septiembre indica que mientras los cargos nacionales son el 72% de la factura, el componente local es el 28%. Allende dijo que iba a insistir en revisar la posibilidad de ajustar algún componente local.