El abogado Santiago Graffigna, quien enfrentará el juicio en la megacausa de las expropiaciones, quedó más aliviado en otra investigación en su contra: la de evasión fiscal. El imputado zafó de dos de los tres hechos en los que está imputado por eludir el pago de cuantiosas sumas en impuestos nacionales. ¿El motivo? Por impulso de la administración central, el Congreso modificó en diciembre el Régimen Penal Tributario y elevó los montos con los que se castiga el delito. Así, la evasión simple pasó a sancionarse desde el millón y medio hasta los 15 millones de pesos. La actualización le permitió a Graffigna ser sobreseído en los incumplimientos del pago de IVA y Ganancias de 2010, que quedaron por debajo del mínimo punible. No obstante, la causa sigue adelante por la presunta evasión de Ganancias en el período 2009.
El sobreseimiento fue dictado por el juez federal Miguel Gálvez, que subroga a su par Leopoldo Rago Gallo, a fines de diciembre, pero trascendió ayer. La resolución se basó en la aplicación de la ley más benigna, es decir, que se debe poner en práctica la norma menos dañina para un acusado. En el caso de Graffigna, el nuevo Régimen Penal Tributario. El principio tiene respaldo en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, dijeron fuentes judiciales, por lo que el magistrado local dictó el sobreseimiento de oficio. Por orden del Procurador General interino de la Nación, Eduardo Casal, el fiscal federal Francisco Maldonado apeló el fallo, aunque las fuentes vislumbran que el planteo caerá en saco roto. La ventaja para el abogado es que en el caso de que avance el proceso y recaiga una eventual condena, sólo será por un hecho y no por tres, lo que le resultará un atenuante.
Graffigna fue denunciado en 2016 por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por eludir el pago del impuesto a las Ganancias en los períodos 2009 y 2010, por 1.860.534 y 822.955 pesos respectivamente. Y por la evasión de 1.411.456 pesos en IVA. La causa se desató porque el abogado sólo habría declarado y pagado los tributos teniendo en cuenta sus honorarios y habría dejado de lado las sumas que ganó en los procesos de expropiaciones contra el Estado. Según las fuentes, uno de los juicios a los que se hace referencia en la presentación de AFIP es el conocido como “Ruiz, Guillermo”, en el que el Estado pagó 23 millones de pesos por una vereda.
De acuerdo a la ley 26.735, que regulaba el Régimen Penal Tributario, dichas sumas encuadraban en la evasión simple, la cual iba de 400 mil a 4 millones de pesos. Pero con la reforma, los montos pasaron de 1,5 millones a 15 millones, por lo que al abogado sólo le quedó en pie el supuesto incumplimiento del pago de Ganancias por poco más de 1,8 millones de pesos. En la Justicia provincial, Graffigna está acusado de ser el líder de una banda que estafó al Estado.