El oficialismo someterá a votación la ley de Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados el martes. Pero un artículo agregado a última hora -a modo de salvataje para las obras sociales sindicales- puso en alerta a las prepagas y amenaza con abrir un frente judicial al Gobierno antes de tener aprobada la hoja de ruta del año que viene.
Es que las empresas de medicina prepagas se enteraron por los medios que un artículo del Presupuesto 2023 les pretende cobrar un 15% extra sobre el total de aportes que derivan los trabajadores por los planes de salud. Y todo indica que será el afiliado el que deberá afrontar este nuevo impuesto lo que encarecerá a niveles insostenibles la cobertura de salud privada.
La propuesta surgió de Sergio Palazzo, diputado nacional con buena llegada a Cristina Kirchner y titular del gremio Asociación Bancaria.
Fuentes del sector adelantaron que se enteraron por los medios de la iniciativa, y que si esta avanza abrirán un frente en la Justicia mediante vías cautelares o recursos de amparo. Denuncian un traspaso de recursos del sistema privado al público (de las prepagas a las obras sociales). Y advierten, además, que todo costo se trasladará a los afiliados.
Según la propuesta de Palazzo, las empresas de medicina prepaga deberán pagar un 15% sobre el adicional que desembolsan los 4,5 millones de trabajadores por encima de sus aportes (en general, se deriva un 70% de la cuota y el resto lo cubre el usuario de manera directa). Lo recaudado estará destinado al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), encargado de los reintegros a las obras sociales por los tratamientos de alto costo y complejidad. Es decir, que las prepagas estarán financiando a las obras sociales sindicales con este plus que casi seguro saldrá del bolsillo del trabajador porque las empresas trasladarán este nuevo impuesto a sus afiliados.
‘Ese 15% se terminará trasladando al valor de las cuotas, porque se toca la estructura de costos de la medicina prepaga sin decir de dónde sale el financiamiento. Todavía no sabemos en cuánto aumentaría, pero si la cuota sale $100, y el empleado por sus aportes deriva el 70% y el 30% restante lo paga él, se cobra el 15% de esos $30’, explicaron en el sector.
El sistema de salud comprende alrededor de 33 millones de personas, de las cuales 6 millones pagan por el servicio. De este último número se desprenden 4,5 millones de trabajadores formales que derivan sus aportes, mientras que 1,5 millones restantes abona la cuota completa.
Este plus alumbró una nueva interna en el oficialismo y abrió otra polémica con la oposición que podría rechazar el artículo en la votación en particular. Por eso, no se descarta, que por presión del ministro de Economía Sergio Massa, el Gobierno deje sin efecto este nuevo ajuste a la clase media.
Por lo pronto, la polémica está abierta y no es la única: la Corte Suprema de Justicia se reunió ayer para analizar otro artículo del Presupuesto 2023 que obliga a todos los jueces y empleados judiciales a pagar el Impuesto a las Ganancias. El próximo martes, el Máximo Tribunal emitirá un documento al respecto, mientras, que la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación realizará el mismo martes un paro de 24 horas con movilización por la incorporación de trabajadores judiciales al pago de Ganancias.
- Ganancias: se podrá deducir las cuota de los colegios
La otra cara del debate caliente por la letra chica del Presupuesto 2023 fue el acuerdo al que arribaron oficialismo y oposición en materia tributaria tiene que ver con la posibilidad de deducir del pago de Ganancias hasta el 40% de los gastos educativos que tiene una familia y que incluye las cuotas de los colegios privados.
La intención es que se incluya todos los gastos escolares, desde la cuota del colegio privado, hasta, por ejemplo, un curso de computación o la compra de un libro. Los detalles quedarán establecidos en la reglamentación de la norma después que sea sancionada por ambas Cámaras del Congreso.
La modificación impactará en el formularia 572 (SIRADIG) que corresponde a los empleados en relación de dependencia, jubilados, pensionados y quienes ejercen cargos públicos (sujetos de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, artículo 82, inciso a, b y c) ya que hasta el momento no existía un ítem específico para deducción de gastos en educación.
Hasta ahora, a diferencia de los sujetos autónomos, el artículo 85 de deducciones generales de la ley de Ganancias, no le permitía deducir al sujeto sus propios gastos en educación como sí lo hace en salud, vivienda, seguros de vida, entre otros, ítems.
El ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó esta semana la actualización del piso ($330 mil) desde el que se paga el Impuesto a las Ganancias desde el 1° de noviembre, lo que beneficiará a 380.000 trabajadores en relación de dependencia. De ese total, cerca de un 45% viven en la Provincia de Buenos Aires, seguido por la Ciudad (con el 12%), Córdoba (8%), Santa Fe (7%) y Mendoza (3,5%).