En un revelador fallo que describe detalles de una trama de corrupción sin precedentes en la cúpula del poder en Argentina, el juez federal Claudio Bonadio procesó ayer con prisión preventiva a la expresidenta Cristina Fernández, a quien señala como "jefa" de una asociación ilícita montada para recaudar coimas de empresarios.
Un delito cuya pena va de entre 5 a 10 años de prisión efectiva ya que no es excarcelable.
El auto de procesamiento, de 558 páginas, saca a la luz pública detalles de una investigación que se aceleró a inicios de agosto pasado con la aparición de los cuadernos de las coimas en los que el Oscar Centeno anotó movimientos de dinero de los sobornos en la obra pública.
CFK debe declarar hoy en la causa de la "ruta del dinero K" ante Casanello.
El juez, que ya había procesado a Fernández por otros casos, pidió nuevamente al Senado -una vez que la Cámara Federal de Apelaciones homologue la prisión preventiva- que le quite los fueros a la exmandataria, quien ocupa una silla en la Cámara Alta desde finales de 2017.
El juez convocó a Fernández a presentarse en los tribunales en un plazo de 48 horas para notificarse de su resolución y dictó un embargo de los bienes de la expresidenta por 4.000 millones de pesos (unos 100 millones de dólares), el monto que -a priori- el juez calcula que los empresarios pagaron en coimas.
Quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015 es señalada por el magistrado como jefa de una asociación ilícita junto a su esposo y antecesor en la Presidencia, Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010.
Kirchner y Fernández "se vislumbran como los jefes de esta asociación delictiva", aseveró el juez, quien afirmó que los mandatarios "daban las directivas y órdenes para el desarrollo de las maniobras investigadas, amén de que resultaban los beneficiarios finales de las miasmas".
Según Bonadio, que en su escrito hace constar 157 pruebas y la declaración de 51 personas -varias de ellas en carácter de arrepentidas-, en la Presidencia de Kirchner "se puso en funcionamiento un sistema ilegal de recaudación" en el ámbito del Ministerio de Planificación, que tenía bajo su órbita la concesión de obras públicas.
Este sistema, que implicaba acuerdos con empresarios de la construcción y la ingeniería para la concesión de obras y subsidios e incluía el pago de retornos, "continuó durante la Presidencia de su esposa Cristina Fernández", quien, para el juez, participó ya de la trama ilegal de recaudación durante el gobierno de Kirchner.
Según la investigación, el dinero era recolectado por funcionarios del Ministerio de Planificación y entregado a los secretarios privados de Kirchner e, incluso, a los propios mandatarios.
En 87 oportunidades el dinero fue llevado al apartamento de la senadora en el barrio porteño de Recoleta, pero también constan entregas en la residencia presidencial de Olivos y en la Casa Rosada.
"Entre el 25 de mayo del 2013 y el 9 de diciembre de 2015 perpetraron un sistema de recaudación ilegal mediante el cual, por un lado, el dinero era recibido por funcionarios con el fin de enriquecerse y utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos y, por el otro, las personas o empresas que lo otorgaban lo hacían a cambio de algún beneficio o en consideración del cargo que tenían los funcionarios", apuntó.
Según el fallo, los montos que los empresarios admitieron haber pagado más los mencionados en los cuadernos del chófer Oscar Centeno permiten afirmar que "el flujo de dinero que circuló dentro de esta organización delictiva" asciende a unos 100 millones de dólares.
Sin embargo, el juez aclara que algunos empresarios confesaron haber abonado "diversas sumas de dinero durante muchos años" por lo que de momento no se ha podido establecer "a ciencia cierta cuánto dinero se abonó".
Otros cuarenta procesados
Además de Fernández de Kirchner, Bonadio procesó a otras 40 personas, entre ellas 14 exfuncionarios, 23 empresarios y un exjuez. La mayoría de los imputados fue procesado con prisión preventiva, aunque una docena de ellos no irá a la cárcel porque han sido aceptados como "colaboradores" (arrepentidos).
Entre los procesados hay importantes hombres de negocio, como Juan Carlos Lascurain, extitular de la Unión Industrial Argentina -la mayor patronal del país-; Aldo Benito Roggio, dueño del grupo Roggio; Eduardo Eurnekian, presidente de Corporación América; Enrique Pescarmona, dueño de IMPSA, y el empresario de la construcción Ángel Calcaterra, primo del presidente, Mauricio Macri.
Un robo en detrimento de los pobres
Para el juez el matrimonio Kirchner "hizo funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro, etc., etc., y todo esto se hizo para distribuir coimas a funcionarios corruptos a cambio que, por avaricia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenaran los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones".
Bonadio señaló que: "Esta mecánica funcionaba más o menos así: para ganar una obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con subsidios al transporte automotor o empresas prestatarias de bienes y servicios por cuenta y orden del Estado, una empresa o grupo de empresas -UTE- entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba a los funcionarios que Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández designaban para esos menesteres a fin de recibir esos "retornos" o "coimas"".
Penas de 5 a 10 años
Bonadio procesó a CFK por "asociación ilícita" por la admisión de dádivas en 22 hechos y por cohecho pasivo en 5 hechos. El Código Penal establece penas que van de 5 a 10 años de prisión para los jefes u organizadores de esa "asociación ilícita", conformada por tres o más personas. Este delito no es excarcelable.