Recuerdo que la privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones en 1990 fue el inicio de un proceso de entrega de nuestro patrimonio nacional. En nuestra región se salvaron el Astillero Río Santiago y el Banco Provincia de Buenos Aires. "Nada que pueda hacer un particular lo debe hacer el Estado+ era la consigna. Y así se hizo prometiendo multiplicidad, inmediatez y eficiencia.
Ninguna de las ventajas anunciadas durante aquellos nefastos años es hoy una realidad. Por el contrario, son la causa, en mi criterio, de los males que hoy nos aquejan.
Es así que el 14 de julio de 2018, 28 años después, por una decisión unilateral de una de las "empresas privadas+ me quedé sin telefonía fija y sin internet, servicios con los que contaba desde 2008. No encuentro, hasta hoy, quién me brinde estos servicios, que iban a ser múltiples, inmediatos y eficientes.
Tengo presente que el 1 de agosto de 2015 entró en vigencia en nuestro país el nuevo Código Civil y Comercial unificado que, en numerosos artículos de los 2.671 que lo integran, incluye los derechos de incidencia colectiva como los derechos de consumidores y usuarios, derecho a la protección del ambiente, a la preservación del patrimonio natural y cultural y a la defensa de la competencia, etc., etc.
Tengo la esperanza que funcionarios de nuestro gobierno, en conocimiento de estos hechos, actúen de oficio y apliquen las sanciones que correspondan a quienes violan impunemente nuestros derechos y que los obliguen a reparar los daños y perjuicios ocasionados.
Si realmente queremos cambiar nuestro país, debemos esforzarnos por terminar con la impunidad y el abuso del derecho por parte de quienes manejan los mecanismos del poder, mecanismos que deben volver al pueblo de la Nación.