Diputados de Juntos por el Cambio presentaron ayer un proyecto de ley que propone que el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados pase a depender del Poder Judicial, y quede a cargo de un juez de la Cámara Federal de Casación Penal.
La iniciativa fue redactada por la legisladora de la Coalición Cívica (CC), Marcela Campagnoli, y está firmada por sus pares de la CC María Lehman, Juan Carlos López, Héctor Flores y los macristas Paula Urroz, Carmen Polledo, Waldo Wolff, Graciela Ocaña y Leandro López Koenig.
También firmaron los radicales José Luis Riccardo, Gustavo Menna y Alfredo Cantard Albor.
La iniciativa establece que el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados dependerá de la Cámara Federal de Casación Penal, y será dirigido por un juez de Cámara designado por mayoría simple.
De esta manera, se transfieren las competencias y funciones del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, que hoy se encuentra en la órbita del Ministerio de Justicia, a la Cámara Federal de Casación Penal.
En ese punto, la iniciativa fija que el traslado se tendrá que hacer "con todos sus recursos, y bienes para su normal funcionamiento. En el caso del personal, se requerirá previamente, su conformidad".