Como primer paso para encarar la expropiación de Vicentín, el gobierno se dispone a dictar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece la intervención de la empresa por 60 días “con el fin de asegurar la continuidad de las actividades de la empresa, la conservación de los puestos de trabajo y la preservación de sus activos y patrimonio”, según un borrador de la norma al que accedió Infobae.
El DNU dispone también la designación inmediata como interventor de Gabriel Delgado y como subinterventor de Luciano Zarich, quienes tendrán a su cargo las facultades que el Estatuto de la compañía confiere a su Directorio y a su Presidente.
También dispone que se comunique la decisión del Poder Ejecutivo al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación de Reconquista, Provincia de Santa Fe, el tribunal en donde tramita el concurso de acreedores de Vicentin. Asimismo, la intervención será oficialmente comunicada a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación, a la vez que se enviará el proyecto de ley para que la empresa sea declarada “de utilidad pública” y se proceda a su expropiación.
Entre los considerandos del borrador del DNU, se destacan algunos ejes centrales que el Gobierno tomó en cuenta para justificar el mecanismos de expropiación de la compañía:
– Los accionistas de Vicentin perdieron el control de una compañía que el gobierno considera estratégica. Antes de estar en cesación de pagos, Vicentin S.A. ya había cedido, para saldar deudas comerciales, “un tercio de su participación en la sociedad Renova S.A. al grupo Glencore, el cual pasó a tomar el control efectivo de la empresa al adjudicarse el 66.67% de las acciones, perdiendo de esta forma Vicentin S.A.I.C. el control de una empresa estratégica dentro del grupo económico.”
– La empresa, por su volumen de operaciones, tiene impacto sistémico para las exportaciones agropecuarias. En los considerandos se destaca que la situación de la compañía incrementó “el nivel de incertidumbre en el mercado agroindustrial, creando un panorama cada vez más complejo para la firma, cuyo accionar no sólo está siendo investigado por el Poder Judicial, sino que también produce cada vez más desconfianza entre los diversos productores, los que, en muchos casos, tomaron la decisión de no vender sus tenencias a esta sociedad, profundizando la crisis puertas adentro de la empresa.”
En otro pasaje, se afirma que la intervención y la expropiación tienen “el fin de asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio, proteger los puestos de trabajo en peligro y evitar efectos dañosos sobre el mercado agroexportador y la economía en general, máxime en la situación de emergencia sanitaria que vive el país”.
– El endeudamiento con el Banco Nación. La deuda de Vicentín alcanza los $63.961 millones en el sistema financiero local, repartido en 9 bancos: Nación, Provincia de Buenos Aires, BICE, Ciudad, Hipotecario, Macro, Banco de Entre Ríos, Itaú y Banco de Santa Fe. Pero en los considerandos se destaca, en particular, el endeudamiento con el Banco Nación generado durante el gobierno de Cambiemos. “Se ha iniciado un sumario administrativo con el fin de investigar si las autoridades de la principal entidad bancaria estatal incurrieron en algún delito cuando le permitieron a la empresa Vcientin S.A.I.C asumir esa deuda millonaria, la cual se encontraría en violación de la normativa existente en materia crediticia. Por su parte, ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10 con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tramitan los autos caratulados: “Sandleris Guido y otros s/ defraudación” en el que se investigan también presuntos hechos delictivos vinculados con la empresa y el accionar de las autoridades del Banco de la Nación Argentina”.
– La intención de intervenir en el nivel de concentración en el mercado exportador de granos. El DNU detalla el peso de Vicentin en su sector. En la campaña de soja 2018/2019, según datos del Ministerio de Agricultura, la empresa “se encontraba en el puesto número 6 en ventas, con 8.400.000 de toneladas de productos embarcados, es decir, un 9% del total de ventas externas agroindustriales”.
Los vaivenes financieros y judiciales de Vicentín “han puesto en grave peligro la continuidad de las operaciones de la firma concursada, que al momento de la cesación de pagos, era una de las principales empresas agroindustriales del país y la más importante de capitales nacionales.”
“En un mercado particularmente concentrado como el de granos y aceites, las principales 10 mayores empresas representaron el 91% del total de las exportaciones de granos y productos derivados de origen nacional durante la campaña 2018/19. De dichas empresas, la mitad de las firmas exportadoras pertenece a capitales nacionales (AGD, Vicentin, ACA, YPF y Molinos Agro) y el resto a capitales extranjeros.”
También se destaca que Vicentin "es controlante de empresas productoras de alimentos para el mercado interno, en el cual una mayor concentración produciría efectos negativos sobre el comportamiento de los precios, afectando a los consumidores en momentos de altísima vulnerabilidad, a raíz de la pandemia de Covid-19.
– Evitar que la porción del mercado agroexportador de Vicentín quede en manos de “actores transanacionales”. En los considerandos, el Ejecutivo afirma que ante la “situación de falencia” de Vicentín y las dilaciones de la justicia su participación en el mercado “podría ser notoriamente diezmado en beneficio de sus competidores, lo cual conllevaría a un mercado aún más concentrado en los mismos actores transnacionales, en detrimento de los productores nacionales y favoreciendo la formación de activos en el exterior. Es sabido que la producción agropecuaria resulta estratégica para nuestro país, garantizando la provisión de alimentos para la población”.