Este lunes, el Gobierno de la Nación presentó en el Congreso el proyecto de ley de reforma del Código Penal, que fue pospuesto varias veces durante los últimos meses del año pasado.
El proyecto endurece las penas contra el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo y su financiación. A la vez, incluye los delitos de lesa humanidad; tipifica nuevas conductas en el marco de los siniestros viales e incorpora la responsabilidad de la persona jurídica.
Además, tiene perspectiva de género, da participación a las víctimas de los delitos y amplía sus derechos. También "protege el ambiente y agrega los delitos genéticos y cibernéticos", entre otras reformas.
En la comisión redactora participaron juristas, magistrados, abogados y representantes de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Seguridad y Desarrollo Social, para elaborar un "cuerpo normativo moderno que asegure la igualdad de los todos los habitantes".
Principales temas de debate:
* Corrupción: establece un aumento de 4 a 12 años las penas para los delitos de cohecho, sobornos transnacionales o enriquecimiento ilícito. Se agrega, además, la figura de "corrupción entre particulares" y se pena a las empresas ante determinados delitos.
* Tenencia de drogas: el texto incluye la jurisprudencia de la Corte Suprema en el fallo "Arriola", que establece que no es punible la tenencia de estupefacientes para uso personal en el ámbito privado.
* Piquetes: hay penas para el "entorpecimiento del transporte público". Y hasta dos años de prisión para quienes arrojen elementos que pudieran provocar lesiones o muertes, y que se eleva a 3 años cuando es contra miembros de las fuerzas de seguridad.
* Tenencia ilegal de armas: establece una pena de 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.
* Aborto: sigue penalizando la práctica, pero deja a criterio de los jueces la posibilidad de suspender o eximir de pena a las mujeres que definan la interrupción de su embarazo. Además, se pliega al fallo de la Corte Suprema que no deja margen a dudas sobre la autorización a abortar en casos de violación, demencia o riesgo de vida de la mujer.
* Responsabilidad penal juvenil: primero, el proyecto aclara que es "necesario porque hace 30 años tenemos un decreto de la dictadura que permite que los jueces juzguen a los menores de edad como si fueran adultos, sin prever una gama de respuestas en clave de inserción social, y dando como primera respuesta la cárcel".
Dicho eso, establece "prohibir la prisión perpetua para adolescentes, exigir que la cárcel sea utilizada como último recurso y por el menor tiempo posible, y obligar a todas las provincias a que equipos interdisciplinarios sean los que guíen al juez en un plan que le proponga una función constructiva en la sociedad a los chicos que infringen la ley penal".