El gerente general de Josemaría, Alfredo Vitaller, el proyecto de cobre y oro más importante en la provincia, dijo que para avanzar con la construcción del emprendimiento quieren que la Nación firme con la compañía que pertenece al Grupo Lundin un compromiso escrito en el que las autoridades nacionales se comprometan a no cambiar las reglas de juego en el futuro. El planteo es inédito, al menos dentro de los límites nacionales, aunque el directivo dijo que hay antecedentes en otros países con tradición minera. En diálogo exclusivo con DIARIO DE CUYO Vitaller habló de los plazos para iniciar la construcción de la mina, dijo que en el pico de la tarea van a llegar a ocupar 10.000 trabajadores y que no creen tener inconvenientes para lograr la financiación necesaria para estas tareas.
-¿En qué etapa está la DIA?
-Presentamos la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) hace casi un año, se han venido teniendo entre 6 a 7 reuniones con la comisión evaluadora, se ha provisto de información técnica como documentación, mapas, bases de datos, pero también reuniones explicativas y hasta se viajó a la zona del proyecto. Ha funcionado todo muy bien y acá se mezcla también la expectativa de la compañía, porque creemos que en el corto plazo va a avanzar y va estar aprobado.
-En sectores vinculados a la actividad se habla del tercer trimestre de este año, ¿podría ser esa fecha?
-Creemos que sí, y esperamos que sea así. Es porque después todo lo que es el desarrollo de la construcción es como un dominó, hay muchas cosas relacionadas y si no fuera así nos atrasaría si no fuera en el período del que se habla.
-Después de la aprobación de la DIA, ¿qué sigue para poner en marcha el proyecto?
-Para que el proyecto pudiese arrancar su etapa de construcción siempre dijimos que hacían falta algunas cosas. Después de la DIA vienen los permisos sectoriales, como Hidráulica, Bomberos, Salud, porque básicamente habrá una ciudad allá arriba y cada cuestión tiene que estar aprobada y supervisada por su área de gobierno. Hay toda una experiencia previa porque por ejemplo Bomberos o cada uno de esos organismos están mucho más preparados y saben exactamente lo que se necesita. También vendrán después acuerdos nacionales y provinciales.
-¿Como cuáles?
-Estos últimos ya están avanzados de palabra, pero falta redactar un documento y ponerlo en un papel, firmarlo. Por eso, al otro día de aprobar la DIA es muy importante porque nos da una señal muy buena para el mercado porque ese punto fue aprobado, pero también después se puede empezar a gestionar los permisos, que es todo un proceso, porque algunos son rápidos pero otros llevan algún tiempo. Claro que la DIA nos habilita a hacer algunas cosas, porque no es que todo dependa de eso, pero es básico. Por ejemplo para la mina estamos pensando en construir una línea de alta tensión, para lo que se necesitan permisos provinciales, municipales, nacionales, es todo un trabajo.
-¿Y el camino?
-Es una cuestión más provincial. También lleva tiempo, porque hay que interactuar con la Dirección Provincial de Vialidad, Obras Públicas, pero es todo más provincial. En cambio con la línea eléctrica hay muchos permisos que son nacionales. Hay que decir que San Juan nos sentimos cuidados, trabajamos bien y sentimos que podemos avanzar. Pero cuando uno gestiona algo en la Nación, a los mejor por desconocimiento o por los mismos problemas del Gobierno nacional, cuesta un poco más conseguir las cosas.
-A partir de la aprobación de la DIA, ¿tienen una estimación del tiempo que demandará empezar la construcción del proyecto?
-Nosotros tenemos expectativas, pero si consiguiésemos los puntos que mencioné antes, creemos que para el tercer trimestre de este año podríamos estar empezando los que se llaman trabajos tempranos. Son por ejemplo el armado, la nivelación de las zonas donde estarán por ejemplo la planta de procesos, las oficinas. Estamos hablando de algo grande, se avanzaría con la ruta también.
-Para la construcción del proyecto se habla de una inversión de 4.100 millones de dólares, ¿cuentan con ese dinero, está ese capital disponible?
-La realidad es que la secuencia lógica indica que primero se obtienen los permisos y las cuestiones de las que estamos hablando y se sale a mercado a buscar financiamiento. El Grupo Lundin tiene un historial de buenos negocios porque hizo minas, compró minas, desarrolló proyectos, hay un cierto prestigio que permite acceder a ese dinero. Es como que el dinero estaría, pero se tienen que dar algunas condiciones.
"Hace un año éramos 26 empleados y ahora somos cerca de 200 personas las que trabajamos en la empresa".
-¿Qué medidas debería tomar el Gobierno nacional para que avance el proyecto, prospere el financiamiento y poder seguir adelante?
-Venimos trabajando con el Gobierno nacional desde hace alrededor de un año y antes de eso arrancamos sentándonos con la Mesa del Cobre, que está conformada por Pachón, Josemaría, Los Azules, Fortescue con Rincones de Araya, Agua Rica y Taca Taca, es decir todos los proyectos avanzados de cobre. Nos sentamos todos y lo que hicimos fue determinar qué necesitaban en general todos los proyectos para poder avanzar y se determinaron cuatro puntos. Son los que nosotros, que estamos más avanzados, fuimos a presentarle al Gobierno nacional y es en lo que estamos trabajando. Esos puntos incluso sirven para cualquier inversión que se haga en Argentina, para dar seguridad al inversor.
-¿Cuáles son esos cuatro puntos?
-El primero es el libre acceso al mercado cambiario, en el que se ha avanzado con el Gobierno nacional porque sacaron un decreto en el 2020 que sirvió para mejorar las condiciones. Todavía falta reglamentarlo pero va avanzando. Otro tema que queremos que se mejore es la devolución del IVA durante la construcción. Estimamos que el monto va a estar en el orden de los 700 millones de dólares y lo cierto es que esa devolución no se hace en tiempo y forma, se dilata en el tiempo, lo devuelven dos años después, en pesos y cuando se hacen cuentas recuperaste muchísimo menos. Pero si nos van devolviendo esa plata mientras vamos construyendo la podemos ir usando, es decir que está dentro de la estructura financiera. El tercer punto es el tema de las retenciones a las exportaciones. En esa cuestión fuimos con una propuesta más asociada al valor del mineral porque hoy es un número fijo y la verdad es que había que analizarlo porque en la forma en que ahora está presentado afecta muchísimo, es regresivo. Sabemos que hay que hacerlo, pero quisiéramos estructurarlo de una manera diferente para que sea más positivo dentro de la estructura financiera de la compañía.
-¿Cuál es el último punto?
-Queremos que con la Nación haya un compromiso escrito. Acá en la Argentina no existe esta figura, pero estamos viendo cómo lo podemos hacer, es algo que tienen México, Perú, Colombia y Chile, que es un documento, un acuerdo o un contrato que se firma entre la compañía y el Estado Nacional. Allí la compañía se compromete a traer 4.100 millones, cumplir con el compre local, entre otras cuestiones, y el Estado se compromete a mantener las condiciones de mercado, la devolución del IVA y se firma. Eso es lo que le da cierta seguridad al inversor. Esto es porque Argentina afuera no es un lugar donde la gente dice "vamos a ir a invertir" y eso es un poco lo que estamos buscando.
-¿Son condiciones que se pueden negociar, se tienen que dar sí o sí para avanzar?
-Se pueden negociar, porque siempre hay que buscan un equilibrio, pero son condiciones que se tienen que dar, porque en caso contrario el mercado no se va a sentir seguro. Esto es como cuando se hipoteca la casa, el primero que cobra es el banco, y acá los bancos, los fondos, van a prestar 4.100 millones de dólares, pero te los van a dar si ellos los reciben primero. Son como condiciones básicas para el préstamo.
-¿Y qué le piden al Gobierno provincial?
-Ya establecimos y acordamos condiciones entre la compañía y el Gobierno, que están habladas. Tuvimos por ejemplo encuentros con la ministra de Hacienda, el ministro de Obras Públicas, el de Minería, el Asesor Letrado.
-¿También quieren firman un documento similar con la Provincia?
-Es una formalidad que las dos partes queremos hacer, pero con la diferencia de que con el Gobierno provincial ya hemos avanzado y hay que firmarlo. Es un paso que hay que hacer.
-¿Argentina es creíble desde afuera, cómo nos ven?
-El inversor en general ve que Argentina no es la mejor plaza para realizar una inversión, pero hay una realidad y es que el cobre es un commodity que hace falta. Y Josemaría puede aportar parte del cobre que hará falta. Comparando con los otros proyectos, somos los que venimos primero. Por eso si nosotros arrancamos es muy probable que todos los otros sigan porque falta cobre en el mundo.
-¿Cómo consideran el tema del consumo de agua para el proyecto?
-En el Grupo Lundin estamos muy preocupados por el tema agua y diríamos que para nosotros es un tema principal. Creemos que es un tema que hay que trabajarlo entre todos, no es una cuestión individual, hace falta un cambio de paradigma en la utilización de ese recurso. La compañía ya se comprometió con las autoridades no sólo a aportar en infraestructura y mejora de lo que hay, como hacer pozos de agua, sino también trabajar con los agricultores y regantes para mejorar el uso de ese recurso. Además, ya nos comprometimos a mantener el nivel del agua que hay ahora.
"En el cobre Argentina y San Juan tienen una ventaja enorme frente a otros países".
-¿Que va a pasar con el camino por La Rioja?
-La realidad es que por una cuestión de logística y provincial decidimos hacer el nuevo camino por San Juan, pero la idea es que a lo largo de la vida útil de la mina tengamos los dos caminos, uno principal, el nuevo, pero con 2.000 personas en el proyecto no podemos quedarnos con una sola salida. Por eso a este camino no lo vamos a abandonar sino que lo vamos a mantener porque si ocurre una emergencia hay otra opción.
-A partir de la aprobación de la DIA, ¿cuánto va a crecer la cantidad de personal?
-Calculamos que para el pico de la construcción, y cuando antes hablábamos de 5.000 personas, en 4 años, ahora estamos trabajando en achicar los tiempos a 3 años y medio y para hacerlo estamos hablando de la necesidad de tener entre 8.000 a 10.000 personas trabajando en el proyecto. Será progresivo, que será aproximadamente en marzo del 2023.
-¿Habrá cambio de oficinas?
-Ahora tenemos oficinas en Alem y Fray Mamerto Esquiú, pero nos han quedado chicas. Planificando para futuro, el paso siguiente fue un acuerdo con la Municipalidad de Albardón para adquirir 86 hectáreas, donde habrá oficinas para 250 a 300 personas. Mientras conseguimos los permisos, hemos armado oficinas temporarias en Santa Lucía, en la esquina de Hipólito Yrigoyen y General Roca, cerca del Hotel Viñas del Sol.
-¿Dónde y a quién le van a vender el concentrado de cobre?
-Todavía no está definido. Hay fundiciones en el mundo y es un tema comercial, porque hay que ver a cuánto compran. Hay una de Glencore en Suiza, que cada vez se está usando menos, pero en general están en China y en el Sudeste Asiático.
-¿Se podría procesar en San Juan?
-Hay que explicar que el líder del cobre como es Chile, tiene dos fundiciones pero cada vez se usan menos. Y vende la mayor parte al Sudeste Asiático. Si con el volumen de cobre que tiene Chile prácticamente no tienen fundiciones, sería ilógico tener una fundición en San Juan.
-¿Qué es lo que van a hacer en Albardón?
-Será un centro logístico y operacional. Vamos armar allí un complejo industrial que va a trabajar las 24 horas los 365 días del año. Haremos el preensamblado en la mina y se va a mandar todo en camiones.
-¿Existe la posibilidad de vender el proyecto?
-Yo siempre digo lo mismo. Barrick, una empresa gigantesca, y siendo Veladero un proyecto top ten en el mundo, le vendió la mitad a los chinos. Yo no puedo decir que no vamos a vender, pero la realidad es que nos acaba de comprar nuestra compañía insignia para proteger el proyecto. Yo creo que no, la idea es hacer y construir el proyecto.