El juez federal Sebastián Casanello rechazó el pedido de sobreseimiento realizado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como "La ruta del dinero K", por la que fueron condenados el empresario santacruceño Lázaro Báez y sus hijos.
Al igual que el fiscal Guillermo Marijuán, Casanello argumentó que hay varias medidas de prueba pendientes para determinar si la expresidenta tuvo participación en la maniobra de lavado de dinero.
En esa causa, la expresidenta tiene una falta de mérito dictada por Casanello, quien la llamó a indagatoria a instancias de la Cámara Federal en 2018. En septiembre del año pasado, la Sala II de la Cámara Federal le ordenó al juez una definición sobre la situación procesal de Cristina, Juan Damiani Sobrero (el expresidente de Peñarol de Uruguay), y Antonio Demarco, un intermediario en la compra del campo El Entrevero. Desde entonces, sólo se resolvió la situación procesal de Demarco, que fue sobreseído.
A fines del año pasado, Casanello ordenó varias medidas de prueba: le pidió a su par Julián Ercolini que le mande toda la información vinculada al cruce de llamadas agregado a la causa Cuadernos. También le solicitó Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 una copia de una pericia realizada al celular del exsecretario de Obras Públicas José López, donde surgirían los números utilizados por Báez.
Aunque varias de esas medidas todavía están en curso, la defensa de la vicepresidenta pidió hace dos semanas que se dejen sin efecto y que se disponga el sobreseimiento, aludiendo a la garantía de ser juzgada en un plazo razonable.
Las querellas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF) se manifestaron a favor de cerrar la instrucción.
Pero Marijuán se opuso al sobreseimiento y cuestionó el rol de las querellas. "Las querellas entienden que no tienen medidas de prueba para sugerir y que Vuestra Señoría se encuentra en condiciones de resolver, circunstancia que implica el inexcusable abandono de su actuación como acusadores", sostuvo. Recordó que fue la UIF la que propuso un entrecruzamiento de llamados entre las líneas de Lázaro Báez y los exsecretarios de Cristina. Ese entrecruzamiento todavía no se terminó.
Al momento de resolver, Casanello respaldó la postura del fiscal. "No acarrea sanción de nulidad el tiempo insumido por el fiscal para dictaminar. Tampoco se advierte demora", sostuvo. Y agregó: "No considero correcto mutilar vías de investigación abiertas. Si en su momento se consideraron útiles, no hay una razón válida para revisar hoy -por el mero paso del tiempo- ese criterio".