El fiscal Abel Córdoba rechazó concederle la excarcelación o el arresto domiciliario al empresario Lázaro Báez. "Existen sobrados motivos que avalan y permiten fundamentar con creces la necesidad de mantener la medida cautelar vigente", es decir la prisión preventiva del propietarios de Austral Construcciones, consideró la fiscalía en su dictamen.
"En los últimos meses se ha agravado la situación procesal del imputado en el marco de otros procesos judiciales", fundamentó.
El fiscal ante el Tribunal Oral Federal 4, que juzga a Báez por "lavado de activos", mencionó las causas "Los Sauces" y "Vialidad", enviadas ya a juicio oral y en las que Báez también está acusado.
Liberar a Báez mientras es juzgado en causa denominada como la "ruta del dinero K" implicaría "la existencia de riesgo procesal concreto, actual e incluso acentuado", remarcó Córdoba.
Estos son "elementos de peso a la hora de evaluar si una persona comprometida gravemente en procesos judiciales, que posee probadamente fondos disponibles -incluso estando detenido-, y recursos técnicos y humanos para trasladarse, podría eludir el actuar jurisdiccional", argumentó.
La fiscalía recordó también que Báez lleva detenido 2 años y 8 meses, "tiempo que en caso de encontrarse condenado no alcanzaría para el acceso a los términos de la libertad condicional", y tampoco se encontraría en condiciones de pedir la libertad anticipada.
Sobre la posibilidad de concederle prisión domiciliaria con tobillera electrónica, Córdoba sostuvo que también implicaría un riesgo procesal.
"Más allá de indicar cuestiones de salud o de comodidad a la hora de programar su actividad de defensa, no se han dado razones de los motivos que justificarían la excepcional modalidad de ejecución que solicita", concluyó el fiscal.
Córdoba se opuso también a excarcelar al contador de Báez y detenido en la misma causa, Daniel Pérez Gadin.
El Tribunal Oral Federal 4 quedó ahora en condiciones de resolver si acepta o no el pedido hecho en la audiencia de ayer por las defensas de ambos acusados.