El sector empresario sanjuanino salió a criticar con dureza el fuerte aumento que se viene el mes próximo en la tarifa de la luz ya que aunque consideran que debe subir, no esperaban que fuese tanto; y cuestionan el impacto que tendrá. De acuerdo a la audiencia pública realizada el lunes pasado, el EPRE estima que la tarifa eléctrica en San Juan subirá alrededor de un 27% promedio (algunos sectores más, otros menos: Ver Infografía). Tendrá vigencia a partir del 23 de enero, se pagará en las facturas que llegan en abril, y es el aumento más alto que se recuerde.

El sector productivo cuestiona que ocurre en los meses más complicados para el agro, que tiene uso intensivo de pozos para paliar la sequía; y también para el comercio que debe usar los equipos de aire a pesar de que en enero hay poca actividad y ventas. La construcción dice que a principios de año aún no cobrará las redeterminaciones de precios de las obras; y la industria se quejó por el incremento que tendrán los impuestos -especialmente los municipales- que se calculan sobre la base del consumo.

Incluso algunos reclaman al Gobierno que se postergue su entrada en vigencia. Es el caso de la Federación Económica de San Juan. Su titular, Dino Minozzi, reclamó que el porcentaje de incremento es muy alto, y que este verano el agro ‘va a gastar más energía que nunca por la sequía profunda’. Agregó que el sector comercial también tendrá que usar los equipos de aire en un mes donde la actividad es baja, y las ventas son pocas; y que para la industria electro-intensiva ‘es un golpe muy fuerte’ combinado con la baja actividad económica. ‘El 30% es un disparate, la situación de las empresas es muy crítica en momentos donde hay bajas ventas, la ecuación económica para subsistir no da con un 30% en enero, que es un mes de bajas ventas’, indicó. Minozzi dijo que sería ‘razonable’ que el Gobierno prorrogara unos meses la vigencia de este aumento.

Otro sector que se encolumnó con el pedido de postergar la suba es el de las pymes constructoras. Enrique Velasco, de la Cámara de Empresarios de la Construcción, dijo que las empresas ‘estamos llegando a fin de año en una situación muy complicada con el cobro de certificados de gobierno. Estamos en una situación económico-financiera muy difícil, y cualquier incremento en los costos en este momento es una dificultad muy grande’. Planteó que ‘sería razonable una prórroga de unos meses, hasta marzo o abril del año que viene, porque a principios de año es dificultoso el cobro de certificados de la obra pública’.

Desde la Cámara de Comerciantes Unidos, Marcelo Quiroga dijo que el aumento de tarifas energéticas tiene ‘en pie de guerra al ambiente de las pymes’ y adelantó que lo que las empresas gasten por ese aumento ‘se trasladará a las góndolas, a los precios que pagan los trabajadores y la clase media’. Quiroga explicó que han participado en las reuniones con el EPRE donde les han advertido que la energía sigue subsidiada, porque se ha realizado una primera quita de subsidios a nivel nacional y en febrero de 2023 se hará otra quita hasta llegar a pagar tarifa plena, a lo que se sumará este aumento provincial.

 

  • VUELVE LA QUEJA POR COBROS MUNICIPALES

En la Unión Industrial de San Juan no cuestionaron el nivel de aumento que rondará el 30%, sino el problema que se genera con los impuestos asociados a la factura eléctrica. Las autoridades de la entidad insistieron con la quita o reducción de los cargos municipales que se cobran con la boleta de luz. El vicepresidente de la UISJ, Alejandro Mestre, opinó que ‘es lógico’ que la distribuidora tenga que aplicar incrementos actualizando sus servicios en función de los aumentos de sus costos por inflación, pero sostuvo que para la industria ‘es necesario solucionar conceptualmente el impacto que tienen sobre la boleta los impuestos y tasas municipales”. Daniel Cano, miembro del directorio, cuestionó además la forma en que el EPRE calcula los costos. Dijo que en la última audiencia pública quinquenal (ordinaria, que se hace cada 5 años) el organismo ‘tomó una serie de decisiones que afectaron seriamente al sector industrial", subsidiando al sector residencial, y transfiriendo costos de potencia, costos comerciales y de estacionalidad al sector fabril ”en un claro detrimento a la industria”.

 

  • RIEGO AGRÍCOLA

Según lo anticipado en la audiencia pública, los cargos por riego agrícola en enero aumentarán casi 21%. ‘Eso no cae nada bien. Nuestro sector en las condiciones que está, no puede pagar ningún aumento. Aún estamos cobrando cuotas de la uva que vendimos sin actualización de precios y nos han subido todos los costos”, dijo Juan José Ramos, titular de la Asociación de Viñateros y vicepresidente de la Confederación Federal Pyme. Contó el caso de un productor que riega con 5 pozos, y tras la quita de la primera parte de subsidios nacionales paga una boleta de $400.000 por cada uno. ”Para febrero se espera otra quita de subsidios y la boleta trepará a un millón por cada pozo. No hay valor para la producción para afrontar esos costos, y además está el atraso cambiario y la inflación”, se quejó. Ramos dijo que el sector viñatero está ‘molesto’, y que hay muchos productores sanjuaninos que no van a poder pagar si encima les viene otro aumento provincial. Calculó que el agro local cuenta con unos 1.000 pozos privados para riego agrícola que tienen subsidiada la potencia, y otros 1.000 que no tienen ningún subsidio. La mayoría está usando el pozo las 24 horas, por lo cual debe pagar por potencia instalada, y además por uso de potencia en horas pico. ”Entendemos que el servicio para mantenerse debe incrementarse, lo que pasa es que no tenemos actualizados los ingresos” agregó Ramos, y pidió ayuda del Gobierno provincial para afrontar el tarifazo. ”Estamos angustiados y preocupados porque no es posible mantener una actividad económica en la provincia con una inflación tan enorme, donde nos está faltando el recurso hídrico, y es imposible comprar cubiertas de un tractor, entre otras necesidades”, concluyó.

En la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios también salieron con los tapones de punta contra el aumento. ”Es malísimo”, lo calificó su presidente, Eduardo Garcés. Destacó que con el primer tramo de quita de subsidios nacionales los productores ‘estamos pagando 300% más que el año pasado, y ahora encima viene un 27% de la provincia”. También se quejó de que Hidráulica no aumente el coeficiente de riego por canales, lo que permitiría reducir el uso de perforaciones y puso en duda que el río traiga menos caudal.

Otro productor, Ruben Gómez, sostuvo que ‘ya no se soporta ningún tipo de aumento”, y destacó que la ”actividad viñatera vive una situación caótica porque no saben cómo se van a recupera los precios de la uva”.

 

Compensaciones

El 12 de diciembre se hizo la audiencia pública y además de dar indicios de que la luz subirá un promedio de 27%, también se conoció que la distribuidora será compensada por la provincia con un monto de alrededor de $2.000 millones para garantizar la sustentabilidad del servicio. La mitad es por desfasaje en el cálculo de la tarifa anterior.