La discrecionalidad y la falta de control con la que se asignan y utilizan las líneas telefónicas móviles contratadas por el Estado y que pagan todos los argentinos con sus impuestos parece que comenzará a tener algunos frenos. En el marco de una revisión integral de gastos operativos de la administración nacional, el Ministerio de Modernización tomó la decisión de poner la lupa sobre los celulares.
Hasta la semana pasada, la cartera a cargo de Andrés Ibarra había dado de baja 21.463 líneas, muchas de las cuales figuraban a nombre de familiares de funcionarios o estaban asignadas a personas fallecidas, se destaca en una nota publicada por La Nación. Este recorte, según las estimaciones oficiales, redundaría en un ahorro de 41,6 millones de pesos al año.
¿Cuántas líneas siguen activas a costa del Estado? De acuerdo al informe, el Gobierno paga el servicio por 50.658 líneas que están identificadas con nombre, apellido, DNI y área del Estado a la que pertenecen. El número, sin embargo, no es el total, ya que hay otras miles de líneas que pertenecen a organismos desentralizados. Sobre el uso de esos teléfonos se está haciendo un relevamiento.
Además de recortar la cantidad, la cartera de Modernización avanzó en un acuerdo marco con las telefónicas en torno a las tarifas que paga. Según la nota, Modernización obtuvo una rebaja de 41 por ciento respecto de los planes corporativos que se ofrecen en el mercado. El ahorro total de la medida, entre recorte y acuerdo de tarifas, llegaría a los 75 millones de pesos al año.