El juez federal Claudio Bonadio procesó ayer a 92 intendentes y exintendentes como partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administración pública, a través de un programa de tratamiento de residuos urbanos, informaron fuentes judiciales.
El expediente investiga una malversación de las arcas del Tesoro entre 2013 y 2015 para que distintas municipalidades llevaran adelante tratamientos de residuos urbanos. En esta causa ya estaban procesados los exjefes de Gabinete, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, todos funcionarios de la era kirchnerista.
"Cada intendente contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, aproximadamente de $604.529.670", sostuvo la resolución judicial. La Justicia entiende que esos recursos se utilizaron para "disimular el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades".
Los fondos eran girados directamente desde las arcas nacionales a los municipios que llevaban adelante las medidas en favor del medio ambiente. La auditoría determinó que municipios de Jujuy, Formosa, Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego pidieron fondos pero no obtuvieron respuesta.
"En cambio, solo cuatro jurisdicciones, Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y La Rioja, obtuvieron el 79% de los fondos, circunstancia que se agravó porque tres de ellas generaban un pequeño porcentaje de residuos a nivel nacional". También quedaron procesados exsecretarios de Medio Ambiente como Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi; y Andrés Meiszner, exjefe de asesores de la Jefatura de Gabinete. El gobierno de Cristina Kirchner implementó programas de tratamiento de basura. Los principales beneficiados de esos programas fueron Chaco y Río Gallegos, pero la mayoría de las obras nunca se hicieron.