Tres grupos que nuclean a unos 400 trabajadores de Rivadavia le habían reclamado a la entonces intendente Ana María López el pago de una abultada diferencia salarial, pero recibieron un rechazo a través de un decreto. Por eso, acudieron a la Justicia y pidieron que se anulara dicha resolución administrativa y que se ordenara el pago de la deuda que se había generado. La jueza del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, resolvió el planteo de uno de los grupos y le hizo lugar en parte, ya que declaró nulo el decreto y dispuso que el municipio dicte otro, sin irregularidades, que responda al pedido de recomposición de los sueldos. Así, la magistrada no se metió en lo salarial, porque señaló que es una decisión que le corresponde al jefe comunal, señalaron fuentes judiciales, las que agregaron que tanto desde el municipio como el representante legal de los empleados apelaron el fallo. De esa manera, todo queda frenado, por lo que los agentes de planta permanente deberán esperar el fallo de la Cámara de Apelaciones, lo que, en el mejor de los casos, demorará ocho meses, aunque hay expedientes que tienen plazos que van de dos a tres años.
El conflicto estalló en la administración de López cuando aplicó un aumento del 27,10 por ciento para el plantel político que no tuvo en cuenta a la planta permanente. En Rivadavia, la Carta Orgánica contempla lo que se llama el enganche salarial, por lo que si los funcionarios se suben el sueldo, automáticamente se debe aplicar el mismo porcentaje a los municipales. Así se generó una deuda que ninguna de las partes involucradas tiene el cálculo fino, pero de la que se habla que rondaría los 100 millones de pesos a la actualidad.
Los trabajadores reclamaron el pago de la diferencia en diciembre de 2013, pero la entonces intendente rechazó el planteo al sacar un decreto que tomaba como base una ordenanza que reglamentaba el enganche de la Carta Orgánica, la cual justificaba el incremento a las autoridades superiores. En ese entonces, en la comuna señalaron que la suba al staff político fue una compensación, ya que se había privado de aumentos que sí habían percibido los municipales.
Al no tener respuestas, los cerca de 400 trabajadores se dividieron en tres grupos y cada uno realizó una demanda judicial por separado, cuyos procesos viene enfrentando el actual intendente, el basualdista Fabián Martín. ¿Los ejes de los pedidos? Que se declare nulo el decreto y que se ordene el pago retroactivo al 10 de diciembre de 2011.
La jueza Tettamanti entendió que el decreto que emitió López efectivamente es nulo, ya que, en primer lugar, no contiene la intervención del servicio jurídico, un requisito esencial en el dictado de un acto administrativo, de acuerdo a la vasta jurisprudencia que citó. El segundo vicio es que el decreto se basó en una ordenanza que no se encuentra vigente, ya que nunca se publicó en el Boletín Oficial.
Al ser un acto nulo, la magistrada no entró en la cuestión de fondo, que es el pago de la diferencia salarial. En su resolución, ordenó que el municipio saque un nuevo decreto en el que les responda a los trabajadores si les corresponde o no el desembolso de la deuda. "No corresponde al juez sustituir la voluntad de la autoridad administrativa, que es a quien le compete pronunciarse sobre el reclamo salarial", destacó en el fallo. Una vez que salga esa resolución sin ningún tipo de fallas y si hubiera un planteo judicial, ahí intervendría la jueza sobre ese punto. No obstante, todo quedó frenado hasta la decisión de la Cámara de Apelaciones.