Muy buena noticia es que el Poder Judicial de la provincia se avenga a que le "cuenten las costillas" o más bien a disponerse a supervisar en serio su situación actual y eventuales debilidades publicando estadísticas de la gestión. En nuestro país es poco frecuente que las administraciones abran su cuerpo hasta el esqueleto para detectar enfermedades o buenos rendimientos. La mayoría prefiere elaborar un relato saturado de hechos positivos como forma de autoconvencimiento de éxito llegando al extremo de romper el termómetro cuando la temperatura no es la deseada o no se dan los resultados esperados de ciertas políticas públicas.
Desde nuestra humilde perspectiva, nuestra sociedad sanjuanina está enferma. Es alarmante que una población de 740 mil habitantes (proyectada así desde el último censo), mantenga en trámite 137.278 causas activas al 31 de diciembre pasado en los diferentes fueros. Eso significa que, si descontamos los menores de 18 años, nos encontramos con que uno de cada 4 habitantes está metido en alguna disputa en la Justicia. Una locura. Pero no todo queda ahí. Aterra conocer que técnicamente están vivas un total de 310.239 causas, claro está, muchas de ellas no verán nunca el final y no han registrado movimientos recientes. En la parte civil hay otro dato: lo cobrado en tasa judicial, cada vez que se inicia un expediente, representa un porcentaje del monto pretendido. En 2016 se recaudó por este concepto algo más de 30 millones y, siendo la alícuota por demanda de cobro de pesos del 1,5% se puede proyectar que alguien en algún momento pretende cobrar y que alguien pague unos 2 mil millones. Casi la cifra anual de la recaudación de Rentas. Una locura. Comparando de otra forma, si los juicios fueran contra la provincia, no alcanzaría el total de la recaudación anual para pagar y eso ocurriría todos los años.
En el mundo se establece como índice de litigiosidad a la cantidad de demandas cada 100 mil habitantes. Es la forma de medir el desorden social y el impacto que esto tiene sobre la economía porque, ahora que estamos hablando de competitividad, la falta de acuerdo y el conflicto son variables que encarecen todos los procedimientos. Las empresas deben tomar previsión de liquidez para afrontar la llamada "industria del juicio", contratar ejércitos de abogados y el Estado incrementar drásticamente su presupuesto para entender en los múltiples casos en que es demandante o demandado. En ese rubro, la litigiosidad, San Juan está en el segundo lugar en el país después de Mendoza con un récord de 16.012 conflictos legales cada 100 mil habitantes. Nos sigue Neuquén con 14.413, Chaco con 14.327, Tierra del Fuego 13.495 y Santa Fe, que cierra el grupo malo, 13.397. Del otro lado de la tabla están La Rioja con apenas 3.618 causas cada 100 mil habitantes, Ciudad de Buenos Aires con 4.032 (y eso que uno cree que los porteños son leguleyos) Buenos Aires con 8.574. Los sanjuaninos tenemos fama de pacíficos y sin embargo nos vivimos enfrentando en Tribunales. Eso sí, civilizadamente. En nuestro caso, ¿podría tener que ver la cantidad de abogados? Veamos. Su cifra excede dramáticamente a la de otros países superando a la vez en el 73% la media de Argentina que ya de por sí es muy elevada. San Juan tiene 3.925 matriculados para una población de 740.000 habitantes lo que da un índice de 530 cada 100 mil contra 305 de la Argentina, 43,9 de Rusia, 49,4 de Suecia, 75,8 de Francia, 196 de Uruguay 248 de Perú y 266 de España para citar países remotos y cercanos, del primer mundo y en desarrollo. Podría suponerse que los "cuervos" como cariñosamente se les llama en la calle, tienen que vivir y en lugar de contribuir a la solución de problemas a veces los inventan. Eso ha dado a algunos el nombre ya no tan cariñoso de "caranchos", que suelen repartir tarjetas a la salida de emergencias de los hospitales o al costado de algún accidente. No se entiende cómo, frente a esta situación la Universidad Pública, aquella que todos pagamos, mantiene abierta una carrera con 500 inscriptos, muchos de los cuales se supone que algún día egresarán e intentarán abrirse paso en busca de conflictos. Se entiende que la universidad es el lugar donde están los que piensan y que debe promover las especialidades que el pueblo necesita y no satisfacer deseos personales o, mucho peor, intentar justificar presupuestos altos con carreras "populares" inflando la matrícula. Para las vocaciones está el sector privado. En cuanto a la productividad del Poder Judicial, ha mejorado mucho, por lo menos en el fuero penal donde se está resolviendo casi el 10% de las causas contra la media histórica de 2 ó 3%. El fuero civil está muy bien dado que se resolvió casi un tercio de las causas latentes, no está bien el Contencioso Administrativo (juicios contra el Estado) que está por debajo del 10% sin tener las complicaciones del fuero penal en producción de pruebas y juicios orales. El mejor es familia que, prácticamente no tiene atraso y el peor la Justicia de Paz. Para resolver los problemas se aplica un total de 1.150 personas por lo que a cada una le tocó intervenir en unas 70 sentencias definitivas, casi 6 por mes o, más o menos, 1 cada 4 días hábiles. Este escaneo, como todo análisis, debe ser celebrado por la bondad que trae la visión del conjunto y la salida del caso a caso y el día a día. La superintendencia, que corresponde a la Corte, ahora puede tener un panorama y, llegado el caso, practicar reformas o corregir errores.