La toma de tierras en Buenos Aires casi tuvo una réplica en San Juan, la cual no prosperó porque el Gobierno la frenó en seco. Grupos de personas trataron de tomar y asentarse entre el miércoles y el jueves en un terreno privado en Villa Media Agua, Sarmiento, al punto de que pusieron las bases y estacas para dividir los futuros lotes y levantar las precarias viviendas. La movida llegó a oídos del municipio, desde donde alertaron al Ejecutivo. De esa forma, personal policial acudió al lugar, pero no encontró a nadie, por lo que se dejó una custodia para evitar que la maniobra avanzara en otro momento. Además, obreros luego levantaron los incipientes cimientos. El secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, fue contundente sobre el accionar de la gestión uñaquista en esas situaciones, ya que destacó que "vamos a ser inflexibles con la toma de terrenos".
En Buenos Aires, las usurpaciones se han multiplicado en las últimas semanas, al amparo de la crisis económica desatada por el coronavirus. Inclusive, ha generado diferentes visiones sobre el tema entre el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y la titular de la cartera nacional, Sabina Frederic, aunque esta última luego se alineó a que se trata de una maniobra ilegal. A esas tomas se le sumó la de Villa Mascardi, en Río Negro, aunque por un conflicto diferente y encabezado por una comunidad mapuche.
La escala de la usurpación va de seis meses a tres años de prisión.
La postura del Gobierno provincial es no permitir ninguna usurpación, la cual se trata de un delito establecido en el artículo 181 del Código Penal, que tiene castigos que van de seis meses a tres años de prisión. Incluso, la figura está contemplada en el procedimiento especial de Flagrancia, el mecanismo de enjuiciamiento exprés para sospechosos que son atrapados mientras cometen un hecho delictivo. Es decir, la Policía y los fiscales pueden detener a las personas que descubran usurpando inmuebles y someterlas a una causa y juicio penal.
La movida en Media Agua estalló el miércoles en la tarde sobre un inmueble de unas cinco hectáreas de un finquero, el cual está ubicado detrás del Barrio Santa Teresita y cerca del Barrio Sarmiento y el que se puede dividir en unos 40 lotes, según indicaron fuentes oficiales. La noticia llegó a la municipalidad, que conduce Mario Martín, y de inmediato se informó el hecho al Gobierno. El secretario de Seguridad resaltó que personal policial fue a la zona y no se encontró a nadie, pero ya estaban colocadas las estacas y las bases que sirven para lotear y sostener los precarios asentamientos. Para evitar que los usurpadores regresaran y continuaran levantando los "ranchos", se dejó una consigna policial con el fin de que alertara ante cualquier movimiento. Con el paso de las horas y tras el accionar preventivo, no apareció nadie por el predio. Además, personal municipal sacó las estacas y limpió el inmueble, dijeron en el Ejecutivo.
El intendente habló del intento de usurpación y resaltó que "esta no es una manera digna de acceder a un terreno, sino que se hace con esfuerzo y sacrificio". Por su parte, Munisaga agregó que, desde el área de Seguridad, "nuestro deber es defender la propiedad, la vida y la libertad de los sanjuaninos".