A casi una semana de su sanción, las masivas movilizaciones forzaron al gobernador Mariano Arcioni a dar un paso atrás en la ley de zonificación minera en Chubut. Este martes, la Legislatura provincial derogó la normativa que habilita el desarrollo de proyectos mineros en la zona conocida como “la meseta”.
Por el nivel de virulencia de las protestas, desde las 8 de la mañana, el debate del cuerpo legislativo se realizó de manera virtual ya que “no se encuentran dadas las condiciones edilicias, ni de seguridad necesarias para continuar con el normal desarrollo de la labor legislativa y administrativa”.
La derogación fue aprobada de manera únanime por todo el cuerpo. Así, los legisladores que aprobaron la iniciativa resolvieron modificar su postura ante el estallido social y el clima tenso en la provincia. Afuera de la sede provincial, cientos de manifestantes se habían congregado para esperar los resultados de la votación.
En la reunión programada se trata el proyecto firmado por Mariano Arcioni que deroga la Ley de Zonificación de la Actividad Minera en Chubut. Si bien había cuatro proyectos en carpeta, se decidió por avanzar con la iniciativa propuesta por el gobernador.
Durante el desarrollo de la actividad parlamentaria, la diputada del Frente de Todos, Mónica Saso revirtió su voto a favor de la megaminería de la semana pasada, pero lo justificó al asegurar que muchas de los artículos en el texto incluían parte del “reclamo social” ambiental. Dijo que era legítimo que “la meseta tenga la oportunidad de dignificar a su pueblo para un desarrollo sustentable” y su progreso” y cuestionó “la demogagia oportunista” de quienes ahora se oponen.
Sin embargo, aclaró: “Quiero adelantar mi voto afirmativo a la derogación y que aprobemos un fondo de reparacion histórica para la meseta”.
La diputada de Chubut Unido y ex intendenta de Rawson, Rossana Artero, consideró que “cambiar de opinión es de gente racional” y una “actitud de grandeza”. “Sé de muchos diputados que votaron convencidos esta ley que hoy seguramente derogaremos”, evaluó, si bien consideró también que otros legisladores que estaban en contra y que fueron “presionados por otros intereses votaron en contra de sus voluntades”.
“Pienso en los diputados oficialistas y cuánta seguridad les brinda un gobernador que los presiona para votar una ley totalmente anti popular, los expone y los crucifica. Que después de asegurar ‘no voy a dar un paso atrás’, los entrega”, planteó.
María Andrea Aguilera, de la UCR, sostuvo que el proyecto “carecia de licencia social y de legitimidad” no solo del desarrollo minero, sino “de un gobierno”, en relación a Mariano Arcioni, al que calificó de una gestión “sin rumbo y sin plan, con intereses desconectados de las necesidades del pueblo chubutense”.
“No podemos dar la vuelta la página como si nada. Esto no puede seguir ocurriendo”, afirmó la diputada, quien enumeró todos los edificios gubernamentales destruidos en el marco de las protestas. ¿Quién se va a hacer cargo de esto? Con la derogación de la ley no se termina esto y el daño se ha generado a todas las instituciones estatales”, sostuvo Aguilera.
“Acá nadie gana, pierde todo el pueblo de la provincia de Chubut”, concluyó.
Manuel Pagliaroni, del bloque de la UCR, advirtió que desde el año 2010 comenta que “no están dadas las condiciones” para permitir la megaminería en la provincia. Además, manifestó que los legisladores “son todas personas de bien y han votado convencidos” y, en ese marco, lamentó que “no se puede entrar en una caza de brujas o marcar viviendas” como la declaración de persona no grata de varios concejos deliberantes a los diputados que se inclinaron a favor del proyecto minero.
Carlos Gómez, diputado peronista de Chubut al Frente y referente del sindicato de Petroleros Privados, informó que le pidió al gobernador Arcioni que derogue la legislación pro minera para garantizar la paz social, aunque ratificó su apoyo que la actividad se desarrolle en la provincia, al compararla con los beneficios que traen aparejados las regalías petroleras. “Vamos a estar movilizados para atraer inversiones, trabajo y desarrollo sustentable”, sostuvo.
En ese marco, leyó un comunicado de los presidentes comunales de Telsen, Gastre y Gangan, en el que exigieron que la Legislatura permita la habilitación de la actividad minera “para que la región salga de su otracismo” y “brinde trabajo y dignidad a esta gente”. “Ojalá la meseta no tenga que esperar 18 años más”, completó Gómez, quien repudió además las amenazas y escraches que sufrió su familia por aprobar la legislación.
Fuente: Infobae