Esta mañana, en la Legislatura Provincial y a pesar de las críticas de la oposición y el propio giojismo, los diputados aprobaron la ley de emergencia en la obra pública, cuyo proyecto había enviado al recinto el gobernador Sergio Uñac. La norma tiene la finalidad de actualizar los montos de la construcción pública, con el fin de que las obras sigan adelante y los puestos de trabajo, activos, de acuerdo a los argumentos del oficialismo.
La ley establece que, el Ejecutivo afrontará con recursos propios los desfasajes que se han producido entre los montos de los contratos y el avance de la inflación, diferencia que no es cubierta por el mecanismo de redeterminación de precios.
En la Legislatura, la norma fue aprobada por mayoría, con 23 votos a favor y 11 en contra. Obtuvo el rechazo de la oposición legislativa y de los tres diputados que responden al exgobernador José Luis Gioja. En Juntos por el Cambio plantearon distintas dudas, como por ejemplo cuál es el monto al que va a tener que hacer frente la Provincia, y en el giojismo que temían que, con un nuevo valor de obra, más alto que el de adjudicación, empresas que quedaron afuera de dichas licitaciones planteen reclamos por cambios en la reglas de juego.
Según la administración provincial, la medida tiene como objetivo no poner en riesgo los casi 12 mil puestos de trabajo registrados en la construcción en San Juan.
Al respecto, previo a la presentación del proyecto que fue tratado en comisión y luego pasó al recinto para su tratamiento y valoración, la escalada inflacionaria ha "puesto en peligro que, en dos meses, todas las obras se nos vayan a pique, se paren", resaltó el ministro de Obras, Julio Ortiz Andino.
Con esta nueva normativa, la gestión uñaquista compensará los desfasajes producidos tanto en la obra pública provincial y nacional, que comprenden viviendas, escuelas, vialidad (rutas y caminos), saneamiento (agua y cloacas) y otras emblemáticas, como el velódromo, el penal de Ullum, hospitales y el Dique El Tambolar.