Justo una semana después de darse un baño de multitudes al asumir su tercer mandato, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, vivió ayer un puñado de horas de máxima tensión cuando una multitud de simpatizantes bolsonaristas puso en peligro la democracia de Brasil. Los insurgentes, que desde antes de la asunción de Lula impulsan un golpe de Estado, tomaron por asalto violentamente el edificio del Congreso Nacional, la sede del Supremo Tribunal Federal e invadieron el Palacio Planalto, sede de la Casa de Gobierno de Brasil.
Gobiernos de todo el mundo condenaron este intento de desestabilización.
Después de horas de descontrol e incertidumbre las fuerzas de seguridad nacionales lograron desalojar a los manifestantes después de fuertes choques, algunos cuerpo a cuerpo, que terminó con la toma y la detención de al menos 130 vándalos.
De acuerdo con medios locales, el interior del Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto fueron desocupados luego de una operación que contó con la tropa de choque y el lanzamiento de gases lacrimógenos desde helicópteros, convirtiendo Brasilia en una plaza de guerra a raíz de la acción de los seguidores de Bolsonaro, que piden un golpe de Estado.
Simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro invadieron las sedes de los tres poderes tras sobrepasar los cercos de seguridad y las barreras policiales. El espectáculo de miles de manifestantes vestidos de amarillo y verde causando estragos en la capital coronó meses de tensión tras unas elecciones disputadas y recordó los incidentes de hace dos años cuando partidarios del expresidente Donald Trump asaltaron el Capitolio de Estados Unidos tras la derrota en manos de Joe Biden. Bolsonaro, que perdió los comicios del 30 de octubre frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, propagó la falsa afirmación de que el sistema de voto electrónico de Brasil era propenso al fraude, lo que generó un violento movimiento de negacionistas de las elecciones.
La invasión plantea un problema inmediato para Lula, que fue investido el 1 de enero, y ha prometido unir a una nación desgarrada por el populismo nacionalista de Bolsonaro.
Imágenes de televisión mostraron a manifestantes irrumpiendo en el Tribunal Supremo y el Congreso, donde destrozaron mobiliario. Medios locales calculan que unas 5.000 personas participaron en los disturbios.
El presidente Lula da Silva, que estaba fuera Brasilia en un viaje oficial, dijo que todas las personas involucradas en los disturbios serán encontradas y su Gobierno decretó una intervención federal de seguridad en Brasilia hasta el 31 de enero.
Las escenas violentas en Brasilia podrían amplificar los riesgos legales para Bolsonaro, que hasta ahora no ha hecho comentarios sobre los asaltos.
El Tribunal Supremo fue saqueado por los manifestantes, según imágenes de redes sociales que los mostraban rompiendo las ventanas del edificio modernista concebido por el fallecido arquitecto Oscar Niemeyer. Los partidarios de Bolsonaro llevaban semanas acampados frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia, así como en otras ciudades, en una movilización contra los resultados de las elecciones en las que se eligió a Lula como presidente.
Atacantes arrasaron con obras de arte y muebles
de cuatro horas después de comenzada la invasión.
Los bolsonaristas -a los que Lula calificó de fascistas- provocaron cuantiosos daños en su raid delictivo de la tarde del domingo en las sedes de los tres poderes.
En un video publicado en la red social Twitter, un manifestante sostenía una puerta del despacho de uno de los integrantes del STF y titular del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes, uno de los principales destinatarios de los insultos y críticas de Bolsonaro. Usaron parte del mobiliario para romper las ventanas de vidrio del predio.
La misma escena se repitió en el Palacio del Planalto, sede del gobierno federa. Parte los muebles, principalmente sillas, yacían a los costados de la rampa por donde subió Luiz Inácio Lula da Silva el domingo para que le colocaran la faja presidencial. Allí también se utilizaron vallas de seguridad para romper los ventanales para ingresar al edificio.
Piden prisión para un alfil de Bolsonaro
El presidente de Lula pidió ayer al Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) que ordene la detención del recién despedido secretario de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres, por haber permitido el ataque y la invasión de cientos de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro al Palacio del Planalto, el Congreso y la propia corte, liberando la zona de los delitos.
El pedido, hecho por la Abogacía General de la Unión (AGU), incluye también que el STF determine el cese de la ocupación de los manifestantes de la puerta de los cuarteles en los cuales piden al Ejército dar un golpe de estado contra Da Silva para reponer a Bolsonaro.
Torres, quien fuera ministro de Justicia de Bolsonaro, fue despedido del cargo ayer por el gobernador Ibaneis Rocha, también bolsonarista. Torres se encontraba ayer en Orlando, EEUU, junto a Bolsonaro. Torres había asumido el lunes luego de haber sido hasta el sábado 31 de diciembre el ministro de Justicia de Bolsonaro. También pidió que se bloquearan la monetización de los sitios y canales digitales de los golpistas.
Larreta, preocupado
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, expresó ayer su "profunda preocupación por el asalto a las instituciones de la democracia en Brasil" y se solidarizó con el presidente Luiz Inácio "Lula" Da Silva. "Mi condena absoluta a la acción violenta y mi solidaridad con todo el pueblo de Brasil", expresó en Twitter.
Cristina implacable
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo ayer que las imágenes de los intentos golpistas en Brasilia "replican con exactitud" las del seis de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos y que ello "no es casual", e instó a hacer un análisis "profundo y descarnado" sobre el avance de las "nuevas derechas".
Repudio del Alberto
Alberto Fernández repudió "el intento de golpe de Estado" en Brasilia y, como presidente pro tempore de la Celac y el Mercosur, llamó a los países miembros a unirse "en esta inaceptable reacción antidemocrática que intenta imponerse en Brasil". "Los que se levantaron contra la democracia y los "deben ser castigados", dijo.
