Las denuncias de supresión del voto y las luchas por terminar con esta política no son nuevas en Estados Unidos; sin embargo, el endurecimiento de las leyes electorales en gran parte del país desde la victoria en las urnas de Barack Obama y la actual pandemia de coronavirus convirtieron al tema en una de las principales preocupaciones de las presidenciales de mañana.
Tras la ley del derecho al voto de 1965, los intentos por suprimir este derecho no consisten en amenazas laborales o represión estatal, sino en una política más sutil compuesta por múltiples normas, procedimientos tediosos y decisiones judiciales que afectan especialmente a las minorías negra y latina, y a los sectores más pobres. Cada estado establece sus propias reglas y estas varían mucho. Por ejemplo, los estados de Oregón y Washington, en la esquina noroccidental del país, registran a todos los habilitados para votar de manera automática y les envían boletas por correo. En cambio, en Texas, en el sur, el registro en el padrón debe ser presencial y termina 30 días antes de la elección, se demanda un documento con foto para identificarse -algo que no todos tienen en un país sin documento nacional de identidad-, se redujo a más de la mitad los centros de votación en algunos distritos y limitó a un lugar por condado el deposito de las boletas por correo. Según el Índice de Costo para Votar que hace años realizan un grupo de politólogos de la Universidad del Norte de Illinois, la Universidad de Jacksonville y la Universidad de Wuhan en China, Texas -donde hoy el voto anticipado superó la participación total de 2016- es el estado donde más cuesta sufragar.
Las formas de supresión del voto son muy variadas. La mayoría de los votantes deben ocuparse primero de registrarse. Cada estado define cuáles son los plazos, qué tipo de información se debe presentar, de qué manera -online, por correo o presencialmente- y cuáles son los requisitos.
Por ejemplo, tras una larga lucha civil, Florida recuperó en las urnas el derecho a votar para las personas que fueron convictas de un crimen. Pero luego, el Gobierno republicano -validado por la Justicia local- impuso una nueva ley que establece que deben haber saldado primero todas sus deudas con el Estado, lo que desató una lluvia de donaciones, incluso del millonario y exprecandidato presidencial demócrata Michael Bloomberg para pagar esas deudas y garantizar su participación en estos comicios.
Otra forma de supresión del voto son las purgas de los padrones. En algunos estados, como Georgia, en el noreste del país, el registro electoral se hace sólo una vez y sólo hay que modificarlo si la persona se muda, para actualizar el domicilio. El Gobierno local hace tiempo que realiza purgas en los años no electorales. Por ejemplo, en 2017, en un solo día, eliminó a más de medio millón de votantes, alrededor de un 8% del total de personas con posibilidad de registrarse del estado. Más de 100.000 fueron purgados simplemente porque no habían participado en los últimos comicios.
Ese año, la excongresista demócrata y activista por el derecho a voto Stacey Abrams perdió la gobernación ante el entonces secretario de Estado local, el republicano Brian Kemp, por menos de 55.000 votos.
Pese a las denuncias de Abrams, en octubre del año siguiente, el Gobierno de Kemp volvió a publicar una nueva purga de más de 313.000 votantes porque, argumentó, habían cambiado de domicilio. Un reciente informe de la organización de derechos civiles ACLU denunció que más de 198.000 de esos últimos purgados, es decir, el 63%, no habían cambiado el domicilio.
En el Índice de Costo para Votar, Georgia es el segundo estado después de Texas. De hecho, de los 10 estados donde cuesta más votar en Estados Unidos, ocho son considerados tradicionalmente republicanos en las presidenciales, mientras que los otros dos -New Hampshire e Indiana- oscilan entre ambos partidos. Por lo contrario, entre los estados en que es más fácil votar se destacan siete tradicionalmente demócratas, dos republicanos -Utah y Dakota del Norte- y uno en disputa, Colorado.
Otra tendencia es la eliminación de centros de votación, lo que en muchos casos obliga a los ciudadanos a hacer cola durante horas para poder sufragar, una imagen que se vio aun en pandemia, invierno y bajo la lluvia, en comunidades de mayoría negra, latina o de población pobre durante las primarias presidenciales a principio de año.
El medio online Vice denunció que, entre la última elección y los comicios de la próxima semana, los estados eliminaron 21.000 centros de votación, lo que representa un 20% a nivel nacional, aun antes de la pandemia e incluso en muchos estados en donde se sigue obligando a registrarse de manera presencial para poder votar por correo. A mitad de año, cuando el presidente y candidato a la reelección, Donald Trump, denunció por primera vez ante todo el país la posibilidad de un fraude electoral a través del voto por correo -un temor desmentido por los especialistas en el tema-, su antecesor, Obama, aprovechó la crispación para pedir el fin de la supresión del voto. Propuso que todos los estados registren de manera automática a los habilitados para votar, garanticen que las personas que cumplieron su condena en la prisión recuperen el derecho a sufragar, multipliquen los centros de votación, expandan el período de votación anticipada y declaren feriado el día de las elecciones. Este llamado desde lo más alto del Partido Demócrata dio un empujón a cientos de denuncias judiciales.
"La Corte Suprema resolvió la mayoría de estas disputas judiciales, en general de manera conservadora, a favor de lo que habían decidido los estados, que suelen limitar la participación", explicó ante una consulta de Télam David Lublin el titular del Departamento de Gobierno de la American University. Pese a esta carrera de obstáculos cada vez más explícita, y seguramente en parte por la pandemia, la votación anticipada -presencial y por correo- está rompiendo todos los récords y podría terminar alimentando una participación electoral histórica en Estados Unidos.
Sufragio indirecto y desentralizado
A primera vista las elecciones en EEUU pueden ser interpretadas como parecidas a las de la Argentina; sin embargo, una mirada más profunda revela un sistema completamente descentralizado, indirecto y con voto optativo. A diferencia de la Argentina, el Estado no construye de oficio el padrón electoral con los nombres de todos aquellos ciudadanos con edad suficiente para votar. Los estadounidenses que quieran votar, deben registrarse primero.
Hace cuatro años, solo un 58% de las personas en condiciones legales de registrarse para votar efectivamente participaron de la elección presidencial.
La otra gran diferencia del sistema electoral estadounidense es que, aun cuando pueda existir una gran movilización electoral en parte del país, el resultado final de los comicios presidenciales no siempre representa la voluntad de la mayoría de los votos.
En la historia, cinco presidentes asumieron sin ganar el voto popular, dos de ellos en las últimas dos décadas: George W. Bush en 2000 y Trump en 2016.
La razón es que la elección presidencial es indirecta. Los ciudadanos votan por los electores de su estado que luego serán parte del llamado Colegio Electoral, que un mes después, en diciembre, elegirá finalmente al candidato ganador, como sucedía en la Argentina antes de la reforma constitucional de 1994.
En EEUU, cada estado elige a un número de electores para el colegio electoral, según su número de habitantes en el último censo: es la sumatoria del número de congresistas y los senadores que aporta en el Congreso federal.
El estado que más electores aporta es California con 55, mientras que Wyoming y la pequeña capital, Washington DC, apenas eligen tres cada uno.
Excepto Nebraska -4 electores- y Maine -2 electores-, en todos los estados el partido que gana se lleva todos los electores, no se dividen proporcionalmente. En total, los 50 estados aportan 538 representantes en el colegio electoral y un candidato debe tener el apoyo de la mitad más uno, 270, para convertirse en Presidente.